Internacional:
Irlanda del Norte
-La IRPWA pide apoyar a los Presos Republicanos
IRPWA
Apoyar a nuestros presos republicanos es defender la dignidad, la equidad y el derecho de las comunidades a que sus voces sean escuchadas.
La Asociación para el Bienestar de Presos Republicanos Irlandeses sigue desempeñando un papel fundamental al visibilizar la realidad de que aún existen presos republicanos irlandeses. A pesar de los intentos por presentar el «conflicto» como algo del pasado, siguen existiendo hombres y mujeres encarcelados como consecuencia directa de sus creencias y actividades políticas.
Nos solidarizamos con estos presos republicanos y reconocemos la inmensa carga que recae sobre ellos, sus familias y sus comunidades. La lucha no termina en las puertas de la prisión; la llevan a cabo a diario sus seres queridos, quienes sufren penurias, estigma y separación.
Animamos a todos aquellos que valoran la justicia y los derechos humanos a apoyar a los presos y sus familias de cualquier forma posible. Ya sea mediante la defensa de sus derechos, la sensibilización o la ayuda práctica, su apoyo es importante.
–https://nortedeirlanda.blogspot.com/
Gran Bretaña
-12 universidades británicas contrataron militares para vigilar a los propalestinos.
Juan Manuel Olarieta
12 universidades británicas contrataron a una empresa de inteligencia privada, dirigida por antiguos miembros de la inteligencia militar para supervisar las protestas de estudiantes y profesores, en particular a los propalestinos.
La empresa es Horus Security Consultancy Limited que cobró 440.000 libras (unos 530.000 euros) desde 2022 hasta la actualidad. Entre las instituciones involucradas se encuentran nombres de absoluta prominencia como la Universidad de Oxford, el Imperial College London, el University College London, la London School of Economics y la Universidad de Bristol.
Fundada en 2006 por Jonathan Whiteley, un coronel con 23 años de experiencia en inteligencia, Horus nació como un proyecto interno dentro del equipo de seguridad de la Universidad de Oxford, y hace uso de figuras militares de alto perfil, como el coronel Tim Collins, que se convirtió en director de la empresa en 2020. Collins ha afirmado públicamente que las manifestaciones de solidaridad con Palestina están orquestadas por Rusia e Irán, y ha pedido la deportación de los manifestantes no británicos fuera de Reino Unido ya que, en su opinión, “se portan mal”.
Horus ofrece un servicio llamado “Insight”, que utiliza herramientas de inteligencia artificial para examinar una amplia gama de páginas web y redes sociales, elaborando informes detallados. Las universidades le pidieron control sobre las protestas que aparecían en sus instalaciones.
Entre los vigilados se encontraba Rabab Ibrahim Abdulhadi, un académico palestino-estadounidense de 70 años, que en 2023 fue llamado a intervenir en la Universidad Metropolitana de Manchester. La universidad encargó a Horus un “evaluación de amenazas” sobre su persona. La empresa elaboró un informe de seis páginas con falsas acusaciones de antisemitismo.
Lizzie Hobbs, estudiante de doctorado de la London School of Economics, fue vigilado y sus publicaciones en las redes sociales sobre la limpieza de un campamento de protesta se transmitieron a la oficina de seguridad de la universidad.
“Sabíamos que la universidad estaba vigilando, pero es impactante ver lo sistemática que es”, dijo Hobbs a la cadena Al Jazira. La propia Universidad de Bristol proporcionó a la empresa una lista específica de personas a vigilar.
Gina Romero, relatora de la ONU sobre la libertad de reunión y asociación pacíficas, se puso en contacto con varios estudiantes y descubrió que el clima de terror impuesto ha causado un trauma sicológico, llevando a muchos jóvenes a abandonar su lucha solidaria.
India
-Día de acción internacional contra la represión racista y anticomunista en la India.
Protestas y declaraciones internacionales exigen el fin de los asesinatos sistemáticos contra comunidades adivasi, campesinos y la insurgencia maoísta.
Varios eventos políticos y movilizaciones se registraron el 28 de marzo en India, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Francia, Italia, Filipinas y Países Bajos con concentraciones, pancartas y consignas como “Stop Operation Kagaar!”, “Long live the People’s War in India!” y “Jal Jangal Jameen!”. Casi setenta organizaciones comunistas, obreras, estudiantiles y progresistas de todo el mundo han firmado una declaración conjunta respaldando la protesta contra la Operación Kagar, lanzada por el gobierno de India en 2024 bajo el primer ministro Narendra Modi y el ministro del Interior Amit Shah.
La acción militar tiene como objetivo declarado exterminar la insurgencia maoísta, principalmente en el llamado “Corredor Rojo” de los estados de Chhattisgarh, Jharkhand, Telangana, Odisha, Maharashtra y partes de Andhra Pradesh y Madhya Pradesh. Incluye un despliegue de entre 60.000 y 100.000 efectivos de fuerzas especiales y estatales, el uso de drones y tecnología de inteligencia avanzada, así como operaciones de control militar masivo en zonas forestales. Según el gobierno, hasta marzo de 2026 habían asesinado a decenas de “líderes maoístas”, forzado “cientos de rendiciones” y debilitado significativamente al Partido Comunista de la India (Maoísta), presentando la acción como un paso hacia una “India libre de naxalismo”.
Sin embargo, los observadores críticos internacionales y organizadores del Día Global de Acción denuncian la operación como una campaña represiva y genocida que deja cientos de víctimas no implicadas en un solo año, con dos civiles muertos, heridos o desplazados por cada insurgente maoísta asesinado, según algunas estimaciones. Esta violencia estatal está dirigida contra comunidades tribales y campesinas en territorios que abarcan el 85% de las reservas minerales del país, y por tanto, motivada por intereses corporativos, como los de las empresas Tata y Adani. También señalan violaciones de derechos humanos sistemáticas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y desplazamientos forzados, con episodios atroces como el asesinato de un bebé adivasi de seis meses llamado Mangli Sodi el 1 de enero de 2024, tiroteado por las fuerzas indias mientras tomaba el pecho de su madre. Según recuerda una nota de International League of Peoples’ Struggle, este asesinato marcó el inicio de una campaña de masacres contra la comunidad Adivasi, campesinos, minorías religiosas y militantes, que continúa hasta hoy.
La Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria (PCFS) ha denunciado que esta represión “no solo ataca a individuos, sino también a movimientos sociales, grupos de defensa de derechos y organizaciones legales, a quienes se tacha maliciosamente de naxalitas urbanos para justificar el acoso, la vigilancia y la criminalización”, cuyo objetivo es “aplastar la disidencia y reducir el espacio democrático”.
La insurgencia naxalita a la respuesta represiva de la India, que se remonta a 1967 con el levantamiento de Naxalbari, ha causado miles de muertes a lo largo de décadas.
Aunque la insurgencia se encuentra relativamente debilitada en estos momentos, las raíces del conflicto —el despojo de tierras, la explotación y la desigualdad sistémica— siguen intactas, por lo que la Operación Kagaar y otras campañas de contrainsurgencia similares sirven, en palabras del PCFS, a agendas imperialistas y corporativas, desbrozando tierras ancestrales para extraer recursos y establecer macroproyectos al servicio de multinacionales. Advierten que la militarización de estas regiones ha exacerbado el hambre, destruido los medios de subsistencia y debilitado los sistemas de gobernanza indígenas.
Además, la Operación Kagaar no solo está estrechamente vinculada a la doctrina estadounidense de contrainsurgencia, sino que también complementa directamente la estrategia estadounidense para el Indo-Pacífico, donde India se posiciona como “socio principal de defensa” de los intereses de EEUU e Israel. “No es casualidad que las armas utilizadas por Israel en Gaza se fabricaran en India, y que se trate de la misma tecnología empleada para aplastar la resistencia de los pueblos indígenas y la población rural pobre del país”, concluyen desde el PCFS.