
Movimiento obrero. Su brutal situación:
Realidades sangrantes:
-Desahucios
El Ayuntamiento de Madrid desaloja a una familia con menores y en exclusión social de una vivienda pública por la necesidad de “recuperar patrimonio”.
El Tribunal Superior de Justicia de la capital ha autorizado el desahucio.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto autorizar la entrada forzosa en un domicilio ocupado por una pareja y sus cuatro hijos, a petición del Ayuntamiento de Madrid, para ejecutar una orden de desalojo. Tres de los hijos son menores de edad.
La unidad familiar, que ya estaba en un escenario de exclusión social severa, y que incluso el juzgado de instancia denegó el desalojo, ahora se verá en la calle con algún remiendo para los menores, gracias al TSJM.

-Cuatro generaciones de Las Vargas, desalojadas.
Las Vargas, mucho más que unas chabolas.
“El poblado chabolista de Las Vargas, situado en el distrito madrileño de Fuencarral y a escasos metros del complejo de las Cuatro Torres, afronta su fase final. Más de un centenar de personas que viven en unas cincuenta infraviviendas “deberán abandonar” el asentamiento antes del 10 de marzo, según el plazo fijado por el Ayuntamiento de Madrid.
El Consistorio ha advertido de que, si la salida no se produce de forma voluntaria, solicitará una orden judicial de desalojo para ejecutar el desahucio”.
¿Alternativas? Pisos compartidos o alojamiento en albergues municipales, y alguna plaza en residencia públicas para los más mayores y vulnerables.

Los residentes han rechazado estas propuestas y reclaman una solución estable mediante alquileres sociales, al considerar que las opciones actuales son temporales y no garantizan una integración a largo plazo.
El enclave de vecinos, levantado en torno a una antigua fábrica de pinturas, alberga a familias vulnerables que llevan años —e incluso generaciones— viviendo en la zona. Son sus casas. En algunos casos, hasta cuatro generaciones viven en el entorno, donde con el tiempo se han construido más chabolas alrededor de la nave principal. “Los vecinos vinculan el desmantelamiento del asentamiento (¡de sus casas, joder!) al desarrollo urbanístico del entorno, próximo al proyecto de Madrid Nuevo Norte”.

-Maricarmen, la jubilada de 87 años que resiste al desalojo: “Esta es mi casa hace 70 años y me quedaré cueste lo que cueste”
La adquisición de su vivienda por un fondo buitre ha hecho que el alquiler se dispare y le reclamen más de toda su jubilación para mantenerse en la vivienda.
La movilización de los vecinos y las organizaciones sociales en defensa del derecho a permanecer en la vivienda ha tumbado el primer alzamiento en su contra.
“Maricarmen heredó el contrato de sus padres, subrogándose en las mismas condiciones… durante 20 años”.
“Vivo en esta casa del barrio del Retiro desde el año 1956. Llevo aquí toda mi vida, desde que tenía 17 años. Es la casa donde he crecido, donde murieron mi padre y mi madre. Mi sorpresa fue que recibí una carta del fondo buitre en el que se me decía que tenía que irme de mi casa. No le hice ningún caso porque ellos no pueden echarme”.
En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación, uno de los grandes holdings inmobiliarios españoles. Dos años después, la empresa ofreció a Maricarmen comprar el piso, pero la pensionista no pudo asumir el precio. “Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL”.
Los nuevos propietarios argumentaron que el contrato de Maricarmen debía haberse extinguido en 2007. Aunque en primera instancia la justicia le dio la razón a Maricarmen, la empresa recurrió hasta que el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa en marzo de 2025.
Maricarmen tiene una discapacidad del 50%. Urbagestión exigió un alquiler mensual de 1.650 euros, mientras la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros. El desahucio estaba previsto para octubre, pero el juzgado comunicó su suspensión hasta no encontrar una alternativa habitacional. La jubilada continua sin solución habitacional y la única opción ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid es que se incluya en las listas de espera de los recursos sociales.

-¿Lo anterior son ejemplos aislados y solo en Madrid?
NO. Un tercio de los desahucios en todo España se reactivan tras caer el “escudo social”.
Así es su democracia. Entre 60.000 y 70.000 desahucios de arrendamientos que estaban paralizados en los juzgados, se han reactivado. «Ahora mismo se ha levantado la suspensión de los lanzamientos por causa de vulnerabilidad acordados en procedimientos de desahucio, con independencia de que el propietario sea un gran tenedor o pequeño arrendador. Esto implica que todos los lanzamientos que actualmente están paralizados en los juzgados pueden reactivarse”.
Durante el ‘escudo’ también se realizaron miles de desahucios, pero en las próximas semanas se irán sumando otras decenas de miles.
Aquí, el único escudo que aumenta su presupuesto, es el anti-misiles.