
Movimiento obrero, su brutal situación
Huelga de ferrocarriles: lucha unitaria y traición de las mafias sindicales
El pasado lunes 9 de febrero se inició la huelga, convocada para una duración de tres días, en el sector del ferrocarril motivada por la constante degradación del servicio y la infraestructura que acabó causando un aluvión de accidentes, siendo el más conocido el de Adamuz, que acabaron con la vida de decenas de personas.
La convocatoria afectó a más de 34.000 trabajadores entre empresas públicas y privadas del sector. Según los cálculos de CGT estaban llamadas a secundar la huelga 13.000 personas en Adif, 15.000 en Renfe, 450 en Iryo, 400 en Ouigo, 1.500 en Serveo y cerca de 4.000 en Logirail, además de personal de otras operadoras y empresas auxiliares.
La huelga, que fue convocada por diferentes organizaciones sindicales mostró un amplio consenso y unidad de acción entre los trabajadores del sector, así, se convocó:
- En Renfe, por SFF-CGT, el Comité General de Empresa de Renfe, SEMAF, CCOO, UGT y SF-i.
- En Adif, por SFF-CGT y SF-i.
- En Iryo, por SFF-CGT, SEMAF, CCOO y Alferro.
- En Ouigo, por SFF-CGT, SEMAF y CCOO.
- En Serveo, por SFF-CGT, CCOO, UGT y USO.
- En Logirail, por SF-i.
- En empresas auxiliares como Medway, Transfesa, Captrain, Redalsa o Tracción Rail, por SEMAF.
De forma paralela a la huelga se convocaron, de forma coordinada entre las organizaciones sindicales, concentraciones unitarias en las principales estaciones de tren del Estado. Las concentraciones que se llevaron a cabo, entre otras ciudades, en Madrid, Zaragoza, Miranda de Ebro, Valencia, Barcelona, León, Valladolid y Asturias, tenían el objetivo de visibilizar el conflicto y exigir un cambio real en el modelo ferroviario.
Desde CGT exigían respuestas inmediatas y estructurales, centradas en el refuerzo de las plantillas, la internalización de cargas de trabajo, la recuperación del mantenimiento preventivo y la implantación de un protocolo de seguridad unificado para todo el sector, que proteja tanto a las personas trabajadoras como a las usuarias del ferrocarril. El sindicato señalaba que “El ferrocarril no puede seguir gestionándose como un mercado fragmentado ni como una suma de negocios. Es un servicio público esencial y su seguridad no admite más aplazamientos”.
Para esta huelga los servicios mínimos fijados por Transportes son de un 73% en alta velocidad y larga distancia, 65% en media distancia y 50% en cercanías, lo que se tradujo en al menos 350 trenes cancelados. A pesar del tremendo efecto que tuvo en el desplazamiento de personas, debemos denunciar que los servicios mínimos son una herramienta que desactiva las huelgas y niega el derecho a una huelga efectiva, sin ir más lejos, se le fue negado el derecho de participar en la huelga a 3 de cada 4 trabajadores de alta velocidad y larga distancia. Es imperativo para nuestra clase conquistar un derecho de huelga real y efectivo para recuperar esa herramienta de lucha.
Los usuarios del servicios que se vieron afectados por la huelga señalaron la falta de información por parte de las empresas, que no informaban de si los trenes saldrían o no. Desde los sindicatos informaron de que, a pesar de algunas quejas, los viajeros se mostraron comprensivos con los huelguistas. Esta actitud se debe a la comprensión de que la precarización, externalización y privatización ha llevado al colapso del sistema y esta lucha busca cambios reales en el modelo de ferrocarril que mejore el servicio y la seguridad, tanto de trabajadores como de los usuarios.
Las mafias sindicales desconvocan el primer día
El mismo lunes el ministro de Transportes y los sindicatos CCOO, UGT y Semaf, firmaron un acuerdo que llevaba días siendo negociado a espaldas del resto de los convocantes. Según el ministerio este es “un acuerdo importante para seguir mejorando el sistema ferroviario español y garantizar su competitividad presenta y futura”. Entre las medidas se encuentran una inversión en mantenimiento de 1.800 millones de euros durante los próximos cinco años y la creación de 3.650 empleos. También la creación de un comité para la gestión compartida de seguridad.
A pesar de estas mejoras conquistadas por la lucha unitaria de los trabajadores, tanto el Sindicato Ferroviario como CGT decidieron mantener la huelga los días 10 y 11 de febrero en todas las empresas en las que tenía representación. CGT denuncia que el acuerdo firmado no soluciona el problema y vuelve a ignorar a las plantillas y el conjunto del sector ferroviario. También cómo las mafias sindicales les han apartado de la negociación y han robado la voz a una parte del sector ferroviario.
Acusan el acuerdo de ser un nuevo parche que se ha usado para apagar el conflicto sin abordar las causas subyacentes, un acuerdo en el que consideran que faltan demasiados aspectos:
- No están los problemas de las empresas privadas del sector, que también sufren precariedad, sobrecarga y falta de medios.
- No aparece la obligación de dotación mínima de personal a bordo de los trenes, una cuestión básica de seguridad, todo se limita al análisis de la AESF que resulta que lleva años sin personal.
- No hay compromisos reales sobre la internalización de cargas de trabajo ni se aclara a dónde va el dinero del mantenimiento de la infraestructura ¿Otra vez irá a la flor y nata de la construcción?
- No se establece ningún modelo unificado de actuación ante evacuaciones, descarrilamientos o transbordos, dejando a las plantillas expuestas y sin protocolos claros.
Estos son los motivos por los que consideran que mantener la huelga, ahora que el ferrocarril y sus trabajadores han vuelto a situarse en el centro del debate público, con el respaldo de la ciudadanía que entiende que lo que está en juego no es solo una mejora laboral si no el modelo del servicio que se presta, es defender el futuro del ferrocarril.