Internacional
República Democrática del Congo y Ruanda
Tregua entre República Democrática del Congo y Ruanda.
Los representantes de la R. D. del Congo, Ruanda y EE.UU., Félix Tshisekedi, Paul Kagame y Donald Trump, respectivamente, firmaron un acuerdo de paz en el anteriormente conocido Instituto Estadounidense para la Paz, renombrado recientemente como Instituto Donald J. Trump para la Paz.
Dicho acuerdo compromete a los actores a respetar la soberanía e integridad territorial de ambos países, algo que, ya de primeras, parece bastante poco probable debido a la participación de la propia Ruanda en la financiación de la milicia M-23, autora, a principios de este año 2025, de una ofensiva sobre el este de R. D. del Congo y tomando gran parte de territorio, incluyendo las dos principales ciudades Goma y Bukavu, creando su propia administración y consolidando su control sobre los yacimientos mineros.
Estos yacimiento parecen ser el foco principal del conflicto, donde Ruanda ha estado utilizando hasta ahora grupos armados y otros proxies para explotar los minerales congoleños y ahora con EE.UU. trás esta mediación y habiendo anunciado la creación de un marco de integración económica regional, se prevé no sólo una mayor inversión extranjera en este sector, sino que las empresas estadounidenses tendrán un acceso preferente al mismo.
Como no podía ser de otra forma, el presidente Donald Trump, en su habitual retórica tergiversadora y victimista, ha afirmado sobre los actores de este conflicto que: “ahora pasarán mucho tiempo abrazándose, tomándose de las manos y aprovechándose económicamente de Estados Unidos, como cualquier otro país”.
A pesar de las esperanzas (e intereses económicos) vertidas en este acuerdo, no son pocas las voces que advierten de las limitaciones de los mismos, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz y excandidato presidencial congoleño, Denis Mukwege aportó sobre los acuerdos que son: “ilegítimos, precarios e incapaces de garantizar una paz duradera”.
Por otro lado, estamos hablando de un conflicto fraguado hace más de 30 años que ha dado lugar a más de 100 grupos armados que operan actualmente en la región y que no han respetado acuerdos muy similares en otras ocasiones.
Argentina
Políticas ultra liberales provocan el cierre de 30 empresas y 432 puestos de trabajo diarios
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha compartido información respecto al impacto de los últimos años en la economía y estructura laboral del país y los impactos de las políticas liberales de Javier Milei.
Entre la información destaca el cierre de 30 empresas y 432 puestos de trabajo de media cada día desde que Javier Milei asumió la presidencia del Gobierno.
La pérdida de poder adquisitivo de la población argentina ha llegado a tal punto que, a principios de diciembre, la multinacional de alimentos Mondelez comunicó a sus 2.300 trabajadores que les daba tres semanas de suspensión por la caída en el consumo interno.
Otras empresas afectadas son la conocida Whirlpool, que cerró su planta de producción en Pilar, a 50 km de la Ciudad de Buenos Aires, y despidió a 220 trabajadores o, en el mismo sector, la fabricante de electrodomésticos Electrolux que ha implementado suspensiones rotativas entre sus 400 trabajadores.
En términos más generales, la CEPA indica que la administración pública, la defensa y la seguridad social han sido son los sectores que más empleos perdieron: 86.982 puestos de trabajo, siendo esto una de sus promesas y medida estrella que Javier Milei promocionaba como “la motosierra“ (en relación a los recortes en el gasto público).
A la administración pública le sigue el sector de la construcción con 76.292 empleos perdidos, transporte y almacenamiento, con 59.838 y la industria con 55.945.
Toda esta destrucción del tejido laboral y social aún no parece que vaya a reducirse en los siguientes años del mandatario argentino teniendo en cuenta que en el corto plazo debería entregar en vigor la nueva reforma laboral.
Dicha reforma incluye medidas anti obreras como la “bolsa de horas” donde un empleado podría trabajar superando el máximo legal de 8 horas diarias hasta las 12 horas diarias, durante una o varias jornadas y que luego esas horas extra en vez de ser recuperadas con su correspondiente pago extra, serían devueltas en otros días donde “voluntariamente” empleado y empleador consideren.
Otra medidas destacables son que no se incluirán vacaciones, aguinaldo y otros extras en el cálculo de la indemnización por despido, las indemnizaciones serán incompatibles con acciones y/o reclamos por daños y perjuicios fundados en el Código Civil y Comercial; así como restricciones a la lucha sindical limitando las huelgas y restringiendo las asambleas, aumentando las sanciones por bloqueos y piquetes en el lugar de trabajo, además añadir más actividades a las consideradas como esenciales.
Esta realidad coincide con la disminución del apoyo popular que Javier Milei sufrió recientemente en sus elecciones de medio plazo a pesar de las tergiversaciones que han ofrecido la gran mayoría de los medios de comunicación como ya pudimos analizar hace apenas un par de meses en esta página.