Internacional
Guinea Bissau
Golpe de Estado en Guinea Bissau
Durante las elecciones de Guinea Bissau, el pasado 26 de noviembre, se perpetró el arresto del presidente Umaro Sissoco, el ministro del Interior Botché Candé y el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Biague Na Ntan, entre otros sin posibilidad de emitir comunicado oficial alguno.
Por otra parte, el opositor y ex presidente Fernando Dias da Costa también fue detenido por los militares, permitiendo de facto tomar el control total del país, bajo el dictamen del general Denis N’Canha y los oficiales sublevados organizados en el autodenominado Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional.
El mismo Fernando Dias da Costa, ha asegurado en la noche del pasado miércoles 26 haber escapado de los militares tras lo que ha indicado que se encuentra «en un lugar seguro».
La inestabilidad nacional que atraviesa Guinea-Bissau desde su independencia de Portugal en 1974 liderada por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), las Fuerzas Armadas se consideran garantes del orden nacional, un rol que ha servido para justificar repetidas incursiones en la arena política llevando a cabo cuatro golpes de estado y alrededor de una veintena de intentos fallidos o frustrados.
Las misiones de observación electoral de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la Unión Africana han deplorado este miércoles el «lamentable anuncio de un golpe de Estado» por parte del Ejército de Guinea Bissau.
- https://www.descifrandolaguerra.es/golpe-de-estado-en-guinea-bissau/
- https://casafrica.acblnk.com/show/3508178/Dv5TSQ4HsCkRNgO874zlAdnRUihxlODqmOqKuqu3TD/f290ad8341456b531d9753e848d2590c/
Italia
Gran movilización popular y huelgas generales los días 28 de noviembre y 12 de diciembre
Tras las populares y combativas movilizaciones de los pasados meses en Italia contra el genocidio en Palestina, continúa la movilización popular en Italia esta vez con el foco puesto en la “economía de guerra” que no solo se está desarrollando en Italia sino en toda la Unión Europea.
El gobierno de Meloni, siguiendo las directrices estadounidenses, tiene previsto aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB para 2035, un aumento extraordinario en la partida presupuestaria teniendo en cuenta que en 2024 se gastó un 1,5%.
Otros objetivos a parte de la crítica al exorbitante gasto en “defensa” son la denuncia del llamado “doble uso” de infraestructuras, es decir el uso tanto civil cómo militar que quieren dar por ejemplo al ferrocarril en lo que respecta al sector transportes cuyos trabajadores ya están organizándose para no verse obligados al colaboracionismo militar al tener que lidiar con el transporte de armamento y material de destrucción.
Otro “doble uso” puede encontrarse en el sector del desarrollo de software, cómo indica Giuseppe Lingeti, doctor en física y desarrollador software: “En el ámbito de la aplicación industrial, muchas tecnologías se han desarrollado a partir de proyectos militares, y siempre ha sido estructural en el capitalismo de los países imperialistas tener una parte asignada al ejército. Lo que ha cambiado en los últimos veinte años es la proporción militar de la producción tecnológica”.
Desde el sindicato USB se ha convocado una nueva huelga general para el 28 de noviembre, que apunta contra los presupuestos militaristas del Gobierno Meloni. “Habrá otra huelga general porque la ley de presupuestos italiana está vinculada al mundo militar, al rearme, básicamente debido a los dictados de la Unión Europea. Génova será un poco el corazón, intentaremos entrar en el puerto con la manifestación y bloquearlo completamente durante 24 horas”, asegura José Nivoi del CALP.
Por su parte, la central sindical CGIL ha decidido desmarcarse de la convocatoria del sindicalismo de base, llamando a una huelga general en otra fecha, el 12 de diciembre, provocando el debate y las críticas en sectores de la oposición sindical dentro de la CGIL que defienden la postura de confluir con el USB.
Reino Unido
Juicio en Londres por la prohibición de Acción Palestina
Ayer un tribunal británico comenzó a examinar el recurso de apelación contra la decisión del gobierno laborista de prohibir Acción Palestina, que en julio fue calificada como “organización terrorista”, lo que ha llevado a la detención de más de 2.000 personas que han expresado su apoyo al grupo de solidaridad.
La decisión de prohibir este movimiento fue considerada “desproporcionada” por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y criticada por el Consejo de Europa. En Reino Unido también ha revivido el debate sobre los derechos y las libertades fundamentales.
Huda Ammori, cofundadora de Acción Palestina, ha recurrido la prohibición, que coloca al colectivo al mismo nivel que Al Qaeda, Hezbollah o el IRA.
En el primer día de juicio la defensa denunció que la prohibición es contraria a la “larga tradición” de defender la desobediencia civil en Reino Unido, “una tradición honorable tanto en nuestra ley como en cualquier democracia”.
Unos cuarenta partidarios del grupo se habían reunido frente al tribunal, ondeando banderas palestinas. Varios de ellos, que sostuvieron un cartel “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina” fueron detenidos por la policía. Desde julio varios miles de personas se han manifestado en repetidas ocasiones contra la prohibición del colectivo.
Al menos 2.300 de ellos han sido detenidos, según la asociación Defend Our Jurys que organiza las convocatorias. Hasta el 20 de noviembre, 254 personas habían sido acusadas de apoyar a una organización terrorista, según la policía. En su mayoría corren el riesgo de pasar hasta seis meses de cárcel en virtud de la ley antiterrorista.
El gobierno laborista quiere imponer una definición arbitraria y demasiado amplia de lo que es el “terrorismo”. En julio el Ministerio del Interior argumentó que Acción Palestina se había embarcado en una “campaña cada vez más intensa” que resultó en “una degradación deliberada significativa, incluida la infraestructura de seguridad nacional de Reino Unido, así como la intimidación, la supuesta violencia y lesiones graves”.
Al frente del Ministerio del Interior, Yvette Cooper dijo en julio que algunas personas que apoyan la Acción Palestina “no sabían la verdadera naturaleza de la organización”.
Un portavoz de Defend Our Juries denunció “un abuso del poder autoritario cuyo único propósito es proteger a Israel, las empresas de armamento que alimentan el genocidio y los ministros del gobierno que han sido tan vergonzosamente cómplices de este genocidio”.
Creada en 2020, Acción Palestina se presentó en su sitio web (cuyo acceso ahora está bloqueado) como un “movimiento de acción directa comprometido para poner fin al apoyo mundial al régimen genocida y de apartheid de Israel”.
Se dirigió principalmente a empresas de armamento, incluido el grupo israelí Elbit Systems. El gobierno laborista de Keir Starmer lo clasificó como “organización terrorista“ a principios de julio después de una intrusión en una base de la Fuerza Aérea Británica, cuyos daños se estimaron en casi 8 millones de euros, según una factura de la fiscalía que provoca carcajadas.
En los tribunales, el gobierno tendrá que demostrar que la prohibición de Acción Palestina no es desproporcionada con respecto al derecho a la libertad de expresión garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“Estamos muy preocupados porque […] si la calificación [de Acción Palestina como organización terrorista] se considera proporcionada, allanará el camino para el uso de tales medidas por parte de futuros gobiernos contra otros grupos que utilizan la acción directa”, dijo un portavoz de Amnistía Internacional.
El recurso no repercutirá sobre los juicios contra los militantes acusados de reivindicar las acciones cometidas por el colectivo antes de la prohibición. Seis de ellos están actualmente siendo juzgados por “robo agravado”, acusados de entrar en las instalaciones de Elbit Systems, cerca de Bristol, en el sur de Inglaterra en agosto del año pasado.