
Internacional
Irán
La sequía obliga al gobierno de Irán a considerar la evacuación de Teherán
Las autoridades locales han informado que las precipitaciones en la capital han alcanzado en 2025 su nivel más bajo en un siglo, además de haberse registrado el verano más caluroso de su historia. El presidente, Masoud Pezeshkian, declaraba recientemente que si la sequía continúa hasta diciembre y si el racionamiento de agua no funciona, el gobierno «deberá evacuar Teherán«.
Para hacernos una idea de la magnitud de la falta de agua que está sufriendo Irán, cogiendo como ejemplo la principal presa de Amir Kabir, en el río Karaj, contiene actualmente 14 millones de metros cúbicos de agua frente a los 86 millones de metros cúbicos que contenía durante el mismo periodo el año pasado.
Aunque el aumento de la temperatura global y la falta de precipitaciones han sido factores determinantes en la situación actual, cabe destacar algunos otros problemas estructurales como el boom de la construcción junto con una agresiva privatización de la economía durante durante el periodo del presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, ha provocado el secado de acuíferos tradicionales, como los qanats, que sumado a la falta de inversión en su mantenimiento, ha ido creando un sistema cada vez más ineficiente.
Por otro lado, las sanciones y los sabotajes externos han impedido, por ejemplo, modernizar su agricultura (sector al que se destina aproximadamente el 90% del agua) donde menos del 25% de las tierras utiliza métodos modernos y eficientes de riego.
En Teherán viven 10 millones de personas, y en su área metropolitana aproximadamente 18 millones por lo que evacuar durante meses o incluso de forma permanente a una porción de la población constituirá una tarea enormemente complicada y peligrosa para la estabilidad de la República Islámica

Estados Unidos
EEUU exporta a Europa su estrategia de persecución política designando a grupos antifascistas europeos como terroristas globales
Washington continúa con su cruzada contra la criminalización generalizada de toda aquella persona que se organiza para defender sus derechos y ofrecer resistencia a los continuos ataques que la izquierda y la clase obrera en general se ve sometida.
Si ya en el primer mandato de Donald Trump mostraba su inquietud por perseguir a “antifa”, no ha sido hasta el pasado septiembre que calificó oficialmente a “antifa” como organización terrorista en una orden ejecutiva a pesar de que las propias investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Investigación del Congreso de EEUU en 2020 ya dejó claro que no es una organización concreta, sino un movimiento descentralizado sin una estructura clara, jerarquía de comando o líder. Una definición que dista mucho de ilustrar el antifascismo, pero que también deja claro lo absurdo, incluso dentro del propio gobierno estadounidense, de la calificación de organización terrorista.
El objetivo detrás de esta designación no sorprende a nadie, lo hemos visto recientemente con la estrategia de acoso e intervencionismo en Venezuela utilizando cómo pretexto la “lucha contra el narcotráfico”. De la misma manera criminalizar a “antifa” no busca desmantelar ninguna grupo u organización real, sino continuar dotando de herramientas legales al estado para la persecución política de cualquier individuo o grupo que se oponga a las políticas del establishment; utilizando la ambigüedad intencionada del término permite criminalizar de facto a cualquier protesta, manifestación o acto de resistencia que adopte símbolos o ideas contrarias al fascismo tachado todo esto de «terrorismo doméstico» cuyo fin último es desmovilizar a la clase obrera y tratar de frenar el desplazamiento hegemónico del actual EEUU frente a las potencias “no occidentales”.
Es en este frente internacional donde, el pasado jueves 13 de noviembre, EEUU ha exportando esta estrategia criminalizadora y de persecución política a Europa, designando al Antifa Ost de Alemania, a la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional de Italia y a la Justicia Proletaria Armada y a la Autodefensa de la Clase Revolucionaria en Grecia como grupos terroristas globales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte enfatizó en un comunicado el «compromiso de Trump de enfrentar la campaña de violencia política de Antifa», y dejó la puerta abierta a la intervención y agresión directa a otros países bajo este mismo pretexto: «Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra seguridad nacional y la seguridad pública y negará fondos y recursos a los terroristas, incluido el ataque a otros grupos de Antifa en todo el mundo«.

Japón
La primera ministra japonesa crea tensiones militaristas con China por su postura sobre Taiwán
Durante una sesión de preguntas en el parlamento japonés, la actual oposición preguntó a la recién nombrada primera ministra Sanae Takaichi qué circunstancias sobre Taiwán constituirán una situación que amenazara la supervivencia de Japón, a lo que Takaichi respondió «Si hay buques de guerra y se usa la fuerza, desde cualquier punto de vista podría constituir una situación que amenaza la supervivencia».
Esta respuesta que incluye «situación que amenaza la supervivencia» es un término legal contemplado en la ley de seguridad de Japón de 2015, que refiere al momento en el que un ataque armado contra un aliado representa una amenaza existencial para Japón, y por tanto las fuerzas de autodefensa de Japón pueden activarse para responder a esta amenaza.
El pasado jueves 13 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó un mensaje en japonés e inglés en su cuenta de Twitter, en el que llamaba a Japón a «dejar de jugar con fuego» y añadió que sería un «acto de agresión» si Japón «se atreviera a inmiscuirse en la situación entre ambos lados del Estrecho (de Taiwán)». A su vez, el viceministro de Relaciones Exteriores chino convocó al embajador japonés en China para expresar su descontento, calificando las declaraciones de Takeichi «sumamente equivocadas y peligrosas».
Las confrontaciones diplomáticas parecieron escalar cuando Xue Jian, cónsul general de China en la ciudad japonesa de Osaka, compartió un artículo periodístico sobre las declaraciones parlamentarias de Takaichi en Twitter (conocida actualmente como X) junto a la siguiente declaración “La cabeza sucia de quien se entrometa debe ser cortada», en referencia a la injerencia japonesa sobre la situación taiwanesa.
Cabe recordar que esta situación de confrontación no viene solo de estas declaraciones, no solo China sino también Corea del Sur ya mostró su descontento con la actual primera ministra Sanae Takaichi por sus asiduas vistas al santuario de Yasukuni dedicado a los japoneses caídos en guerras (una suerte de equivalente a lo que sería el Valle de los caídos en España) y su política revisionista sobre las atrocidades cometidas por el ejército japonés durante el llamado siglo de humillación chino y las invasiones de Corea.
No obstante, la correlación de fuerzas actual no es la del siglo pasado, y China ha expresado a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que: «Si Japón no aprende de la historia y se atreve a correr riesgos temerarios, incluso recurriendo a la intervención militar en la situación del Estrecho de Taiwán, sólo sufrirá una aplastante derrota contra el férreo Ejército Popular de Liberación y pagará un alto precio».
Por parte de Japón insisten en que su postura oficial es que espera que la cuestión de Taiwán se resuelva pacíficamente mediante el diálogo, y los funcionarios japoneses generalmente evitan mencionar a Taiwán en las discusiones públicas sobre seguridad. No obstante, bajo el gobierno de Takeichi, la política japonesa está derivando en un militarismo alineado cada vez más a las posturas estadounidenses, comprometiéndose incluso a aumentar el gasto en defensa de Japón, a la vez que se estrechan lazos con altos funcionarios taiwaneses, como ocurrió recientemente durante la cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en inglés, Asia-Pacific Economic Cooperation).