Muro de solidaridad y denuncias
Desahucio de una familia en plena alerta por lluvias en Granollers
En Granollers, una hora antes de lo previsto y mientras Mohammed llevaba a sus hijos a la escuela , los Mossos d’Esquadra han ejecutado el desahucio de su casa dejándolos en la calle pese al aviso de Protección Civil por fuertes lluvias y riesgo de inundación y sin ofrecerles ninguna alternativa.
Militantes del Sindicato de Vivienda de Granollers, sección local del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC), han intentado mediar para evitar el desahucio. Mossos d’Esquadra han cargado con brutalidad y han detenido a un militante del Sindicato.
Por Sindicat Habitatge Socialista de Catalunya
El pasado jueves 6 de noviembre, a pesar de que la noche anterior todos los habitantes de Granollers recibieron en sus teléfonos un SMS de alerta por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones, fue desahuciada la familia de Mohammed y sus cinco hijos, tres de ellos menores de edad, del piso en el que vivían desde hace más de cuatro años, ahora propiedad del fondo buitre Promontoria Coliseum Real State, que compró el piso a otro fondo buitre, Solvia.
El desahucio se llevó a cabo en el segundo lanzamiento, después de que la movilización del sindicato consiguiese parar el primero. Por eso, esta vez la estrategia de los Mossos d’Esquadra ha sido esperar a que el padre llevase a sus hijos a la escuela para desplegar las unidades de antidisturbios, una hora antes de que estuviera convocada la comitiva judicial. Este adelanto de la hora no ha evitado que algunos militantes del sindicato ya estuviesen en la puerta y hayan intentado evitar el desahucio, ante lo que los mossos han cargado y finalmente han detenido a una militante del sindicato.
Desde el sindicato declaran que “lo que ha pasado hoy es una muestra más de la ofensiva contra las condiciones de vida de la clase trabajadora, desde su expresión más cruenta” y, haciendo hincapié en la situación de riesgo meteorológico que se vivía han añadido “les da igual la alerta por inundaciones, les da igual dejar 3 menores en la calle o la vivienda sigue siendo un negocio”
Israel-Premier Tech pierde su principal patrocinador
El patrocinador principal del equipo ciclista israelí Israel-Premier Tech ha finalizado su contrato con los deportistas. El motivo fueron las fuertes protestas en todo el Estado español y que terminaron con la cancelación de la etapa final en Madrid de La Vuelta, a las que se sumaron algunas protestas aisladas en el Giro d’Italia y el Tour de France.
El equipo sionista ha intentado evitar la ruptura prometiendo un rebranding y un cambio de nombre para la temporada 2026 en el que se comprometían a alejarse de su “identidad israelí”. Aún así, Premier Tech, la empresa canadiense que da nombre al equipo y también es su principal patrocinadora ha decidido romper la relación con efecto inmediato.
El propietario del equipo, que anteriormente se había autodeclarado embajador no oficial de Israel y fue aclamado por Netanyahu por no abandonar La Vuelta en medio de las protestas, también se ha visto obligado a dar un paso atrás y retirarse del día a día del equipo. Desde octubre no ha vuelto a hablar en su nombre.
El boicot parece haber afectado económicamente al equipo lo suficiente como para empujarlo a demandar por daños a un atleta que abandonó el equipo antes de La Vuelta por “creencias personales”, ahora le piden una indemnización de 30 millones de euros.
Estas noticias demuestran que la movilización en las calles y el boicot han dado sus frutos y gracias a las acciones que se llevaron a cabo en todas y cada una de las etapas de La Vuelta ciclista en el Estado español el equipo sionista no puede seguir blanqueando el genocidio impunemente.
Embargo de armas integral y ruptura total de relaciones con Israel.
78 años de la partición de Palestina
Manifestaciones el 28, 29 y 30 de noviembre.
Sorzabal pide reabrir su caso de torturas tras admitirlas la sentencia de la AN
La presa vasca Iratxe Sorzabal ha decidido solicitar la reapertura de su caso de torturas perpetradas por la Guardia Civil en 2001, como efecto lógico de la sentencia de la AN que la absolvió dándoles credibilidad plena. GEBehatokia anuncia el paso tras meses esperando en vano a jueces y fiscales.
La Audiencia Nacional dictó el pasado mayo una absolución sin precedentes para una torturada vasca: Iratxe Sorzabal. La absolvió de la acusación de atentado en Irun en 1995 reconociendo que «la acusada fue sometida a tratos inhumanos durante su detención, en marzo de 2001», cuando fue detenida por la Guardia Civil. Pasados cinco meses sin que de ello se haya desprendido ninguna actuación oficial, la propia Sorzabal ha dado el paso de solicitar la reapertura del caso abierto y luego cerrado por su denuncia de torturas.
Así lo ha adelantado este miércoles GEBehatokia, que tilda de «escándalo que jueces y fiscales no hayan actuado de oficio para investigar los hechos establecidos por sentencia, mostrando sí su faz más negacionista».
El tribunal de la Audiencia Nacional sostuvo de modo rotundo que el manuscrito escrito posteriormente en el que venía a reconocer la autoría de los hechos es «nulo de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales de la acusada (artículo 1.1 LOPJ pues es consecuencia de malos tratos (aplicación de electrodos) que sufrió durante su detención y que tenían por objeto que la misma prestase declaración en los términos que se le indicaban, sin que exista ninguna otra prueba de cargo destructora de la presunción de inocencia que le favorece».
La solicitud de reapertura se eleva al Juzgado número 13 de la Audiencia Nacional, que archivó su caso en 2001 «prácticamente sin ninguna investigación».
GEBehatokia añade un dato: de los tres juicios que Sorzabal ha enfrentado ya en Madrid tras cumplir condena en el Estado francés «ha sido absuelta en dos, imponiéndose la verdad sobre hechos que el Estado le ha pretendido adjudicar por todos los medios. Resulta esclarecedor que, además, se verifique la práctica de la tortura como una herramienta de Estado sistemática para arrancar autoinculpaciones sobre las que sustentar condenas severas».
En esos tres juicios la presa vasca ha referido las torturas sufridas, con cierto detalle y dejando claro que «con el infierno que me hicieron pasar no podía hacer otra cosa que autoinculparme». Las marcas dejadas en su cuerpo por los electrodos eran innegables. Para la absolución y el dictamen de la Audiencia Nacional resultó determinante el informe pericial del forense Benito Morentin, que de alguna manera completó el puzle de los tormentos aplicados y las consecuencias sufridas hasta la fecha.
«¿Quiénes fueron los torturadores?»
Para GEBehatokia, la conclusión de la sentencia absolutaria de mayo es que «la verdad se hace camino poco a poco. La AN, que durante años ha dado plácet a la tortura, se vio obligada a rendirse a la evidencia». Con todo, sigue patente el riesgo de que «se corra un velo de impunidad y no haya una investigación en profundidad en la jurisdicción penal», ante lo que advierte ya de que «nos veremos obligadas a recorrer el camino internacional».
Una vez constatado que Sorzabal fue torturada, sus preguntas son: «¿Quiénes fueron los torturadores? ¿Dónde están quienes le aplicaron los electrodos, quienes le atacaron sexualmente, quienes le amenazaron de muerte? ¿Dónde están quienes perpetraron hechos que, además de delictivos, están tipificados en la legislación internacional como crímenes de lesa humanidad?».
«Queremos subrayar además que en el caso de Iratxe Sorzabal, como en el de decenas de mujeres, ha sufrido el agravante de un trato vejatorio por ser mujer. Su testimonio en sede judicial fue claro: ‘Los guardias civiles eran todos hombres. Yo para ellos no era ni persona ni militante, yo para ellos era una ‘puta zorra’ y ya está. Mientras me ponían la capucha y los electrodos en el coche, además entre todos me sobaban. Y en Madrid me desnudaron toda».
Tres claves
La solicitud de reapertura se sustenta en tres elementos, añade GEBehatokia. Uno es la propia sentencia de la Sala Segunda de la AN, que «debería romper los plazos de prescripción» frente a quienes sostengan que las torturas ocurrieron hace ya 24 años.
La segunda es la decisión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidos sobre el caso de Raúl Fuentes Villota, «estableciendo que no se puede establecer la prescripción para no investigar judicialmente casos de tortura». Recuerda al respecto que esta decisión ha sido refrendada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En tercer lugar cita «la reacción de la Brunete judicial, que incluso ha recurrido la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, poniendo en marcha toda su maquinaria negacionista para garantizar la impunidad de la tortura. Jueces, fiscales y forenses siguen negándose a mirar a los ojos a las personas torturadas y se permiten además desautorizar a otros que han preferido abogar por la verdad».
Solidaridad con los criminalizados del Ongi etorri de Berango.
16 de Berango elkartasuna!!!
