Movimiento obrero, su brutal situación:
IRYO presume de ganancias mientras sus trabajadores siguen sin convenio
Según datos publicados por la propia empresa, IRYO ha incrementado su productividad en un 20%, alcanzando unos ingresos de 305 millones de euros y transportando a casi 8 millones de personas, lo que representa un total del 26% del transporte en tren.
No obstante, ese crecimiento económico no se ve reflejado en ningún tipo de mejora para los trabajadores de la empresa. Desde su fundación los sueldos de los trabajadores han permanecido congelados -en un inicio con la excusa de que la empresa no generaba beneficios, situación que ya se ha superado- mientras que el IPC desde entonces es del 11,6%, lo que supone una gran pérdida de poder adquisitivo para la plantilla. CGT cuestiona por qué una empresa que genera beneficios y presume de estabilidad se sigue negando a mejorar las condiciones laborales de “la familia IRYO”.
El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) denuncia la incoherencia entre el discurso triunfalista de IRYO y la realidad que viven sus trabajadoras y trabajadores. También denuncia el deterioro de las condiciones laborales:
- Más flexibilidad y disponibilidad, con jornadas que rozan los límites legales e impiden la conciliación.
- Formación insuficiente, incapaz de cubrir las necesidades reales del servicio.
A ello se suma una estrategia de la empresa de culpar a la plantilla del absentismo, cuando el verdadero origen está en la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos humanos.
El primer convenio colectivo de la compañía lleva ya más de un año de negociación, pero para los sindicalistas las ofertas de la empresa no se ajustan a las necesidades reales de los trabajadores. El sindicato denuncia la posición inflexible de la dirección de la empresa respecto a materias clave como la jornada, conciliación, retribuciones y salud laboral. Mientras tanto, las trabajadoras y trabajadores de IRYO continúan sosteniendo con su esfuerzo diario los resultados que la empresa utiliza para presumir de éxito. “No se puede construir un proyecto de futuro con salarios de pasado. Los números son claros: hay beneficios, hay inversión y hay crecimiento. Lo que falta es voluntad para compartir esos logros con quienes los hacen posibles”.
El SFF-CGT exige un convenio colectivo digno y completo que garantice salarios actualizados, jornadas razonables, formación adecuada y condiciones laborales seguras. Respaldando estas exigencias está un gran número de los trabajadores, que en asambleas celebradas las últimas semanas han mostrado apoyo al camino emprendido en la negociación y hartazgo frente a la falta de avances reales, reclamando que las acciones sindicales vayan más allá hasta que la negociación se desbloquee. El sindicato reitera que seguirá defendiendo un reconocimiento justo, con la fuerza del apoyo colectivo y el compromiso de no ceder ante la precariedad. “Las mejoras no se regalan, se conquistan. Y en eso, el SFF-CGT lo tenemos claro: con la plantilla, sin miedo y sin fisuras”
Comunicado: 20 años luchando contra la privatización de la sanidad, 20 años de CAS
La Coordinadora Antiprivatizacion de la Sanidad se creó en 2004 para organizar la lucha contra el proceso de privatización puesto en marcha en Madrid en aquellos momentos. Posteriormente se fueron uniendo más personas de diferentes puntos del Estado, lo que permitió extender la lucha a todo el territorio, al tiempo que la privatización se iba extendiendo como una mancha de aceite. Han sido dos décadas de trabajo voluntario por parte de muchas personas, traduciendo y elaborando documentos, organizando movilizaciones, realizando cientos de actos informativos, asambleas…
Todo este trabajo se ha realizado sin subvenciones del Estado porque así lo decidimos. Siempre entendimos que la única forma de mantener la autonomía era no depender en absoluto de ningún recurso de la Administración.
De la misma forma, siempre entendimos que la lucha contra el proceso de destrucción del sistema sanitario pasaba por apuntar a las causas del proceso de privatización (las leyes estatales que lo permiten), y a los responsables (los partidos políticos que aprobaron dichas leyes y las mantienen).
Desgraciadamente el proceso de privatización se ha extendido en estos años, no solo por todo el Estado español, sino por todos aquellos países de nuestro entorno que disponían de Sistemas Nacionales de Salud. Estos sistemas sanitarios fueron creados por el capitalismo, tras la Segunda Guerra mundial, debido a unas circunstancias históricas concretas (periodo de crecimiento económico y combustibles fósiles baratos, necesidad de mano de obra sana, nueva fase de apropiación de las riquezas del Sur Global, etc.) que ya no se dan en la actualidad. En este nuevo escenario, con procesos de desindustrialización galopantes en los países centrales que provocan altas tasas de paro; junto con el surgimiento de nuevos sujetos sociales como son el “precariado” y los inmigrantes no regularizados; los Estados ya no necesitan mantener sistemas sanitarios que garanticen atención de calidad y en tiempos adecuados a la totalidad de la población. Al contrario, los Estados están abandonando el “estado social” y están reforzando el aparato represivo y el militar para las nuevas dinámicas que ya ni siquiera tratan de ocultar: la lucha por los últimos recursos energéticos y minerales accesibles, para mantener este modelo de crecimiento suicida en un mundo con limites biofísicos y materiales perfectamente conocidos.
Sin embargo, es en los escenarios de crisis donde siempre han surgido experiencias de apoyo mutuo y autogestión; donde se abren posibilidades de plantear nuevas formas y propuestas para enfrentar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, desde la atención sanitaria, hasta la vivienda, la alimentación o el acceso a la energía. Necesidades que deberán ser enfrentadas desde dispositivos controlados democráticamente, con la implicación de la propia sociedad.
Para hacer una valoración de la lucha de estos 20 años, y analizar los diferentes papeles que han jugado organizaciones y colectivos, emplazaron el día 18 de noviembre a una reunión en Madrid.