
Movimiento obrero. Su brutal situación:
Técnicos sanitarios convocan cuatro días de huelga
El colectivo de técnicos superiores sanitarios, que realizan tareas esenciales como radiodiagnóstico, análisis clínicos, mamografías, resonancia magnética o TAC, lleva desde 2008 sin ver reconocida su categoría profesional en la nómina. Son más de 40.000 especialistas de este tipo en España, aunque el Ministerio de Sanidad admite desconocer la cifra exacta.
El pasado 30 de octubre este colectivo inició una huelga, que continuó los días 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre, como medida de presión al borrador del Estatuto Marco que el Ministerio está negociando.
Una de las principales quejas del colectivo es la formación académica necesaria para trabajar en estos empleos, ya que al ser Formación Profesional tienen problemas para la equiparación en el marco europeo y dificultan la posibilidad de trabajar fuera del país. Los técnicos sostienen que la formación es claramente deficiente y que su estatus profesional no representa la realidad de las competencias que desarrollan. Se puede ver, por ejemplo, en que un técnico especializado en imagen para diagnóstico puede necesitar siete meses de formación solo para dominar una especialidad como la resonancia magnética.
También denuncian la proliferación de centros de formación profesional privados donde los alumnos se gradúan sin ninguna garantía de que han recibido la formación adecuada. Los representantes del colectivo califican el negocio que se ha generado alrededor de la formación como “grotesco”.
Por otro lado, reivindican que se les reconozca en el salario la pertenencia al grupo profesional B y se les cuente como parte de los servicios esenciales ya que en la reclasificación del Estatuto Marco no se está teniendo en cuenta. Exigen ser reconocidos como servicios esenciales porque sin los técnicos superiores sanitarios el Sescam se pararía, ya que son los profesionales que están detrás de la máquina de rayos, en la mamografía o el TAC, quienes trabajan en los laboratorios o en Anatomía Patológica. Sin ellos, no sería posible ni una radiografía ni un tratamiento de radioterapia ni los resultados de un análisis de sangre u orina. También son fundamentales a la hora de determinar a qué tipo de cáncer se va a enfrentar un paciente.
Plantearon sus demandas a Mónica García, titular de la cartera de Sanidad, durante la negociación del mencionado estatuto marco. “En junio se comprometió a incluirlas, por lo que pospusimos dos convocatorias de paros que habíamos planteado. No ha cumplido con su palabra, así que no nos queda otra salida que la huelga”, defiende el presidente de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios. Además, destaca que también se han puesto en contacto con las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas “y ninguna ha hecho nada por nosotros”. Esta convocatoria se presenta como un desafío al ministerio y a las comunidades autónomas para forzarlas a que atiendan las demandas del colectivo antes de que el Estatuto Marco quede aprobado sin recoger sus reivindicaciones.
- https://diariosanitario.com/tecnicos-superiores-sanitarios-huelga/
- https://www.eldiario.es/sociedad/huelga-cuatro-dias-sanidad-tecnicos-superiores-paro-condiciones-formacion_1_12726080.html

Vivienda:
Hasta 57 años de trabajo para adquirir una vivienda sin gastar más del 30% del salario
Hay quienes pasan media vida pagando una casa, y hay quienes necesitarían vivir dos veces para poder costearla. En España, tener vivienda propia se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza porque, en muchos casos, ni un trabajo estable es suficiente para sufragarla.
En seis comunidades autónomas, un trabajador medio necesitaría más de 38 años de sueldo para adquirir un inmueble propio en solitario sin sobrepasar los límites de esfuerzo financiero recomendados, más que toda una carrera laboral completa.
Los ciudadanos de Baleares, Madrid, Cataluña, el País Vasco, Canarias y Andalucía requieren de hasta 57 años de trabajo para adquirir una vivienda sin gastar más del 30% del salario.

Comunicado: COESPE – El sistema público de pensiones es sostenible al 100%
El sistema público de pensiones en España está integrado dentro del Sistema de la Seguridad Social, que es público, obligatorio y de reparto. Su finalidad es proteger a la ciudadanía ante determinadas contingencias (jubilación, incapacidad, muerte, etc.) mediante prestaciones económicas, principalmente pensiones contributivas y no contributivas.
Estructura del sistema de pensiones en España
1. Pensiones contributivas
Estas pensiones se otorgan a quienes han cotizado a la Seguridad Social durante un mínimo de tiempo. Varios tipos:
– Jubilación: al llegar a la edad legal y haber cotizado el tiempo mínimo.
– Incapacidad permanente: cuando una enfermedad o accidente impide trabajar.
– Viudedad y orfandad: para cónyuges o hijos de fallecidos cotizantes.
– A favor de familiares: para otros dependientes del fallecido.
Requisitos básicos para pensión de jubilación (2025): edad legal de 66 años y 8 meses (o 65 si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses) y cotización mínima de 15 años (2 de ellos dentro de los últimos 15 antes de jubilarse).
2. Pensiones no contributivas (PNC)
Son prestaciones económicas para personas que no han cotizado lo suficiente, pero carecen de recursos económicos. Dos tipos:
– PNC de jubilación: para mayores de 65 años sin ingresos suficientes.
– PNC de invalidez: para personas de entre 18 y 65 años con discapacidad igual o superior al 65%.
Se financian íntegramente con impuestos, no con cotizaciones.
Fuentes de financiación del sistema
1. Cotizaciones sociales (principal fuente)
Son aportadas por trabajadores (se les descuenta un porcentaje del salario) y empresas (pagan una parte por cada trabajador).
En 2025, la cotización total es aproximadamente del 28%-30% del salario bruto, de los cuales: la empresa abona el 23%-24% y el trabajador el 4,7%.
Estas cotizaciones alimentan el Fondo de la Seguridad Social, desde donde se pagan las pensiones contributivas. Las pensiones públicas por lo tanto, son patrimonio de las y los trabajadores, a través de sus salarios diferidos, basados en la cotización que hemos aportado en nuestra vida laboral. Además, este modelo solidario ha permitido construir un capital enorme en la Seguridad Social y en otros servicios sociales, que son parte del patrimonio construido por nuestras cotizaciones.
2. Impuestos generales
Cuando hay déficit, el Estado transfiere dinero desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Los impuestos generales también se usan para pagar pensiones no contributivas y complementos a mínimos de las contributivas.
3. Fondo de Reserva de la Seguridad Social
Conocido como hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva se creó en 2000 para guardar superávits en años buenos.
Alcanzó un máximo de 66.000 millones de euros en 2011 y llegó a quedar casi vacío, por decisión política del PP, sin dar ningún tipo de explicación de dónde fueron a parar dichos fondos, aunque en años recientes el Gobierno de coalición ha vuelto a dotar con aportaciones puntuales.
Situación del sistema de pensiones en 2025
El sistema de pensiones español está bajo presión del capital financiero, que quiere hacerse con dicho sistema público.
Reformas recientes y en curso, para supuestamente garantizar la sostenibilidad del sistema, realizadas por el Gobierno y los agentes sociales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales CCOO, UGT, han introducido reformas, con alevosía y desconocimiento del movimiento obrero y sindical, son estas:
1. Retraso de la edad de jubilación, subiendo gradualmente de 65 a 67 años (en 2027 será 67 años salvo si se ha cotizado mucho).
2. Más años para calcular la pensión: en 2025 se usa la base de cotización de los últimos 25 años, aunque se prevé una transición hasta los 29 años.
3. Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): desde 2023, se aplica un recargo adicional en las cotizaciones para reforzar el sistema. En 2025, el MEI es el 1,2% adicional sobre la base de cotización, compartido entre empresa y trabajador.
4. Planes privados complementarios. Los planes de pensiones privados de empleo (a través de empresas), con incentivos fiscales que de hecho significan que a través de los impuestos se paga en parte esos beneficios fiscales a aquellos sectores que pueden acogerse a dicha privatización. La clase trabajadora más desfavorecida, por bajos salarios y condiciones de empleo precarios, paga en parte el sistema privatizador.
¿Para cuándo la auditoría de Seguridad Social?
Desde Coespe (@CoespeOficial), hace ya varios años que iniciamos la reivindicación de que se realizara una auditoría de la Seguridad Social, que valorase cuántos fondos se han destinado a financiar políticas que nada tienen que ver con el sistema público de pensiones.
En el año 2021, después de una amplia movilización, se consiguió que el Congreso la aprobara, dentro de la Ley 21/2021, pues una de sus disposiciones incluyó la necesidad de realizar la auditoría. Sin embargo, esta disposición de la ley aún no se ha cumplido.
Pensiones sostenibles al 100%
En conclusión, el sistema público de pensiones en España es sostenible al 100%.
– Es contributivo, de reparto y obligatorio.
– Se financia sobre todo con cotizaciones sociales y se apoya en impuestos.
– Está comprometido con la solidaridad intergeneracional, es interterritorial y solidario, y es el único que permite mantener la red de sostenimiento de la vida digna de millones de trabajadoras y trabajadores y parte de la ciudadanía.
Es necesario defenderlo y mejorarlo, y es por ello que las medidas deben estar basadas en reforzar el empleo digno, los salarios dignos y una reforma fiscal que garantice que aquellos que ganan más paguen más.
Es preciso cerrar el paso a reformas que empobrecen el sistema público y de nuevo cargan contra la clase trabajadora, a través de medidas de trabajar mas tiempo, viviendo para trabajar, para poder en muchos casos subsistir con pensiones indignas, dando paso a la precariedad y a la desigualdad social.