Muro de solidaridad y denuncias
La Ley Mordaza se usó más que nunca en 2024
Seǵun datos del Ministerio del Interior, el pasado 2024 se impusieron un total de 327.761 multas por la llamada Ley Mordaza, lo que supone un aumento del 15% y 29 millones de euros respecto a 2023.
La ley, que entró en vigor en durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha cumplido ya 10 años y a pesar de todas las promesas del PSOE no ha sido derogada ni modificada. A lo largo de estos años se han tramitado en total 2,48 millones de sanciones, por un importe global cercano a los 1.493 millones de euros. De estas cifras, el PSOE que prometió derogarla ha sido quien más la ha usado, siendo responsable del 69% de las sanciones acumuladas durante la última década.
Solo en 2024 se han tramitado 54.456 expedientes por manifestaciones, desórdenes, incumplimiento de órdenes policiales y faltas de respeto a la autoridad, lo que supone un aumento del 10% respecto al año anterior. Entre los artículos más usados figuran el 37.04, por faltas de respeto leve a agentes (21.512 sanciones) y el artículo 36.06, por desobediencia o resistencia a la autoridad (18.693 multas).
El PSOE junto con todos sus socios de Gobierno han mostrado que no tienen ningún plan de desarmarse de herramientas con las que reprimir al movimiento popular. No solo han incumplido sus promesas si no que además han aplicado la ley más que el Gobierno que la instauró, por eso solo nos queda olvidarnos de las falsas promesas electorales y luchar fuera de las instituciones por un verdadero derecho de protesta.
Peio Alcantarilla se querella contra el coronel Pérez de los Cobos por torturas
El Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria, GEBehatokia, ha dado a conocer que solicitará la reapertura del caso por torturas de Peio Alcantarilla Mazota contra el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel, tras constatar en una exhaustiva investigación que la denuncia del donostiarra contra el militar ya retirado por las torturas que sufrió cuando fue detenido tiene «plena credibilidad».
Alcantarilla fue detenido el 3 de octubre de 2004 mientras trabajaba como camionero en Burgos, durante una operación conjunta de las fuerzas policiales españolas y francesas bajo la dirección de la jueza francesa Laurence Le Vert. Vivía entonces en Urruña. Permaneció incomunicado en manos de la Guardia Civil en el cuartel de Tres Cantos desde el momento de su arresto hasta pasados cuatro días. Mientras lo torturaban, se giró y vio a Pérez de los Cobos, quien, siempre según Alcantarilla, le dijo «gracias, comisario» a un compañero suyo, porque había conseguido que el detenido accediese a hablar cuando se disponían a ponerle una bolsa de plástico en la cabeza. El calvario sufrido provocó incluso que intentara suicidarse.
El ex preso vasco denunció las torturas, primero ante la Audiencia Nacional española –refirió «auténticas salvajadas» ante el juez– y posteriormente en el Estado francés, en enero de 2005, ante la jueza Le Vert. Como es norma casi sin excepciones, las demandas para investigarlas se archivaron. Alcantarilla estaría preso hasta 2012, ocho años.
El donostiarra identificó al coronel Pérez de los Cobos cuando este declaró como testigo en el juicio del procés catalán ante el Tribunal Supremo en marzo de 2019, a raíz de que en 2017 se le encomendara la dirección de la represión del 1-O –En 2020 sería cesado–. Al ver su rostro en televisión, lo identificó claramente como el mando de la Guardia Civil que pasó entonces por los calabozos cuando estaba siendo torturado y lo hizo público.
A principios de año, Alcantarilla solicitó a GEBehatokia que analizara su caso y las posibles responsabilidades penales del coronel de la Guardia Civil en sus crueles torturas. En un exhaustivo trabajo, el Observatorio corrobora las torturas a Alcantarilla: «La presencia de Pérez de los Cobos en aquellos interrogatorios es absolutamente coherente con su cargo en la fecha de la detención, con su destino en Madrid por entonces, con su papel en los órganos de coordinación y cooperación franco-española en aquella época, y con la relevancia de la operación, catalogada por los cuerpos policiales como estratégica en el devenir de la lucha antiterrorista. Concurrían el objetivo, la responsabilidad y la oportunidad para ello, lo que otorga credibilidad a la identificación y reconocimiento por parte de Alcantarilla de Pérez de los Cobos», afirma en su nota.
Esta iniciativa, añade, viene avalada por la decisión del Comité contra la Tortura de la ONU de abril pasado en el caso Raúl Fuentes Villota, por el que Naciones Unidas reprendió al Estado español por obviar las torturas sufridas en 1991 y que fue refrendada después por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio pasado.
En su trabajo, GEBehatokia también acredita las «altas responsabilidades de Pérez de los Cobos en los diferentes gobiernos españoles en la estrategia contrainsurgente contra ETA». Entre los operativos policiales en los que habría participado están la detención Kepa Urra, la operación de la calle Amistad de Bilbo que terminó con las ejecuciones de Joxemi Bustinza y Gaizka Gaztelumendi, el rescate de José Antonio Ortega Lara y la operación ‘Santuario’, entre otros.
Spain se abstiene contra el colonialismo.
El pasado 16 de octubre, se presentó en Naciones Unidas una moción por parte de Mali, Níger y Burkina Faso contra el colonialismo. Fue aprobada por mayoría.
El gobierno del PSOE- Sumar se abstuvo. La democracia española en pleno.
A favor: 101 países
En contra: EE.UU. e Israel
Abstenciones: 51
Interior reconoce la “extralimitación” de un policía que presionó el cuello a un joven hasta causarle la muerte en Elche
El Ministerio del Interior ha reconocido una “extralimitación” en el uso de la fuerza por parte de un agente de la Policía Nacional que, junto a otros tres compañeros, redujo a un joven en Elche (Alicante) en agosto de 2017, ejerciendo presión sobre su cuello mientras se encontraba engrillado de pies y manos. El joven falleció durante la intervención.
El informe forense determinó que la causa de la muerte fue una “inhibición parasimpática de la circulación por presión en los senos carotídeos”, es decir, un bloqueo de la circulación sanguínea causado por presión a nivel cervical. El documento subraya que no se detectó consumo de drogas, alcohol ni psicofármacos.
En su resolución, Interior admite que hubo un “ejercicio de la fuerza no ajustado a los principios ni a los protocolos normativos”, lo que provocó un daño grave, irreparable y antijurídico. El ministerio ha reconocido la responsabilidad patrimonial del Estado y ha fijado una indemnización.