Movimiento obrero. Su brutal situación:
Los bomberos forestales de todo el Estado continúan la lucha
El pasado sábado 18 de octubre, una manifestación de más de 2.000 trabajadores equipados con uniformes para la extinción de incendios protestó en el centro de Madrid. Fue una movilización estatal convocada desde la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF) que dio comienzo a primera hora de la mañana en Ferraz hasta terminar en el Congreso de los Diputados, pasando por Génova. El objetivo: exigir el fin del maltrato institucional que sufren desde hace años.
“No necesitamos declaraciones grandilocuentes, necesitamos hechos concretos del reconocimiento de nuestro trabajo y nuestra profesión”, denunciaba esta plataforma a través de un comunicado. La plataforma convocante denuncia una situación de abandono estructural que en la práctica se traduce en “la externalización de los servicios públicos, que deberían ser prestados directamente por las Administraciones Públicas, las jornadas y horarios inadecuados y agotadores, los bajos salarios, las malas condiciones de seguridad y salud laboral, etc”.
La protesta, que ha seguido su ruta sin incidentes, ha contado con la participación de trabajadores que llegaban en autobús desde distintos territorios del Estado como Aragón, Guadalajara o Burgos. La reclamación principal ha sido la de unos servicios adecuados de prevención y extinción de fuegos y una inversión pública suficiente para cubrir las necesidades del sector. Además de esa, añaden una serie de demandas de diversa índole, aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación con carácter retroactivo, contratos fijos o EPIs acordes con la actividad actual, entre otros y ponen el foco en que el origen común de toda la precariedad es el tipo de contratación, que puede ser pública dependiente de un ministerio o de una autonomía contratados a través de empresas intermediarias como Tragsa. Esta última, según uno de sus empleados “Es una empresa de capital público, pero es una mercantil que se rige por los principios del mercado, de sacar beneficios allí donde pueda”.
También dependen de Tragsa los bomberos de la Comunidad de Madrid, donde en julio de este año arrancó una huelga de un mes con servicios mínimos (aunque fue retomada a finales de agosto de manera indefinida) para conseguir la firma de un nuevo convenio colectivo con mejoras salariales, menor temporalidad y más dotaciones materiales.
Por este motivo todo el colectivo exige ser considerado de forma homogénea en todo el país “personas trabajadoras al servicio directo de las Administraciones Públicas, con todos los derechos inherentes a tal condición”. “Siendo trabajadores públicos, no dependientes de ninguna empresa, conseguiríamos tener una mejor formación, mejores equipamientos, salarios más dignos, en definitiva, mejores condiciones” afirma el portavoz de la plataforma.
Otra de sus luchas es contra la temporalidad en el sector, ya que la mayoría de estos bomberos están sujetos a un régimen de temporalidad que solo les da trabajo durante las campañas de incendios, sumiéndolos en la mayor de las precariedades. Según una manifestante “Uno de los puntos que más negativamente nos afecta y por lo que estamos hoy luchando es la falta de trabajo estable todo el año y la capacidad de poder permanecer en un lugar para trabajar allí, porque siempre es trabajo cambiante, cada verano te mandan a un sitio diferente y tienes que estar buscándote la vida para seguir trabajando el resto del año”.
Las cuestiones de seguridad y salud laboral no son un tema menor en las demandas de los bomberos. “Estamos haciendo turnos para cubrir inundaciones sin haber tenido nada de formación al respecto, sin tener EPI para ese tipo de emergencias, trabajando con monos de incendio en las inundaciones”, comentan dos trabajadoras procedentes de Aragón. Este verano tuvieron jornadas de hasta siete días de trabajo, trabajando entre 12 y 14 horas al día.
Este verano ha demostrado lo que pasa cuando se abandonan los servicios públicos y cientos de miles de hectáreas se han visto calcinadas por la falta de recursos con los que tienen que trabajar estos bomberos. Mientras tanto el Estado aumenta el gasto en militarización y deja estancadas o reducidas el resto de partidas, los forestales continúan la lucha hasta que consigan unos servicios de prevención de calidad y unas condiciones de trabajo dignas.
La Complutense ya no puede costearse las nóminas de sus trabajadores
Las seis universidades públicas de Madrid apenas pueden sobrevivir a la asfixia financiera a la que las somete la Comunidad de Madrid desde el 2012. Destaca la situación económica de la Complutense, la universidad presencial más grande de España (61.000 estudiantes), tiene el drama ya encima: o el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso le concede un préstamo de 34,4 millones o sus 11.400 trabajadores no cobrarán ni el sueldo de diciembre, ni la extra de Navidad. Un decano afirma que “Si no nos dan el crédito, nuestra situación es insostenible y eso también lo sabe la Comunidad”.
Según afirmaba un exrector hace dos años lo que busca la Comunidad de Madrid es asfixiar económicamente a la universidad para tener la excusa de intervenirla. Ahora ese planteamiento está en boca de todos los estudiantes que preparan movilizaciones al respecto.
Además de la situación de las nóminas de los trabajadores, los recortes en investigación se han recrudecido. Este año no hay una partida de ayuda a los grupos de investigación (700.000 euros), no se han convocado las ayudas de innovación docente, los profesores asociados o sustitutos tardan en contratarse y se mantiene el recorte del 35% en los presupuestos de los decanatos, que se decretó en diciembre de 2024.
Las universidades públicas continúan con la misma financiación que en 2012, lo que nos puede llevar a preguntarnos como han podido aguantar económicamente hasta ahora. La explicación es que el Tribunal Supremo condenó en 2020 a la Comunidad de Madrid a abonar 574 millones a las universidades públicas, porque Esperanza Aguirre incumplió los planes de inversión en infraestructuras. Y ese colchón ha servido para tapar el déficit de la UCM hasta 2024 pero ahora hay un descubierto de más de 30 millones en Tesorería.
Fuera del problema presupuestario de las universidades públicas madrileñas con la Comunidad de Madrid, la precariedad se ha extendido por todo el sistema público de enseñanza en el Estado español, con un elevado porcentaje de profesores falsos asociados a tiempo parcial que cobran alrededor de los 500€.