Movimiento obrero. Su brutal situación:
CCOO contra los derechos de sus trabajadores
Los obreros estamos acostumbrados a ver como CCOO, UGT y otros sindicatos mayoritarios al servicio de la patronal negocian a las espaldas de los trabajadores, sabotean huelgas y movilizaciones y, en general, son una piedra en el camino para la lucha obrera. Pero al menos suelen guardar las formas y actuar de tapadillo.
El Tribunal Supremo ha emitido un fallo que ha quitado la máscara de un plumazo a CCOO Galicia, al demostrar que vulneró el derecho de huelga de su propio personal jurídico al exigirles trabajar durante un paro indefinido.
La resolución, refrendada por los trece magistrados de la Sala de lo Social, obliga a indemnizar con 7.500 euros a cada uno de los 15 afectados y marca un precedente inaudito al sancionar a un sindicato por incumplir el derecho que está llamado a defender.
La huelga de los servicios jurídicos de CCOO Galicia comenzó en enero de 2023, tras el fracaso de las negociaciones del convenio colectivo. Tan solo un día después, los trabajadores recibieron burofaxes en los que se les ordenaba cumplir tareas que los trabajadores consideran que eran incompatibles con secundar la huelga. La presión y amenazas del sindicato hicieron que muchos de los trabajadores en huelga se reincorporaran a sus puestos, aunque la huelga se mantuvo hasta marzo, cuando se alcanzó un preacuerdo de convenio colectivo.
En esos burofaxes se exigía a los abogados y graduados sociales del sindicato solicitar suspensiones de juicios, comparecer personalmente en caso de que no se concediese la suspensión y redactar y presentar escritos respetando los plazos procesales durante la huelga. Claramente, y así lo ven los jueces, la finalidad de esta petición no era garantizar la reanudación del servicio tras la huelga -aunque si lo hubiese sido tampoco sería legal sin haberlo acordado antes con el comité de empresa-, si no mantener el funcionamiento normal del departamento, forzando a los huelguistas a cumplir sus tareas y dejándoles sin su derecho a huelga.
Huelga del metal en Tenerife el 31 de octubre y 3 de noviembre
En una asamblea de delegados de las organizaciones sindicales con representación en el sector siderometalúrgico de Santa Cruz de Tenerife se ha tomado la decisión de convocar una huelga del sector para los días 31 de octubre y 3 de noviembre. La huelga se ha convocado para todas las personas trabajadoras incluidas en el Convenio de Siderometalurgia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que impacta en los centros y lugares de trabajo de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
El motivo de la huelga es la denuncia de la postura de la patronal que rechaza, no sólo las propuestas sociales, sino también plantean retrocesos en derechos laborales. Los sindicatos subrayan la necesidad de mejorar las condiciones salariales para que se igualen a las del sector en otras provincias.
Con estos paros persiguen desbloquear la negociación y forzar un diálogo real y efectivo que les haga conseguir un convenio justo y equilibrado para el sector.
Inspección de Trabajo exige climatizar los centros educativos en Madrid
Este año en Madrid los profesores y alumnos de primaria y escuelas infantiles han tenido que soportar clases a más de 30 grados durante la ola de calor de junio. La inspección de trabajo lleva ya un tiempo comprobando y pidiendo que se climaticen las aulas y comprobando que se supera de forma continuada el límite de temperatura, fijado entre 17ºC y 27ºC.
La Inspección de Trabajo emitió a mediados de agosto un requerimiento que da a la comunidad dos meses para que tome medidas frente a las altas temperaturas. Los sindicatos llevan protestando contra este problema desde 2017 y esta es la cuarta llamada de atención que recibe el gobierno madrileño. Inspección insta a la Consejería de Educación del gobierno de Ayuso a que “planifique medidas inmediatas de climatización y aislamiento en los centros”, además de realizar “evaluaciones de riesgos específicas sobre condiciones térmicas, con mediciones en los meses de mayor calor” e incorporar las actuaciones «a la planificación preventiva con responsables, plazos y recursos definidos».
El problema de la climatización se agrava en las escuelas infantiles, que continúan su actividad durante el mes de julio sin climatización adecuada, según una sindicalista “Para enfriar disponen de unidades adiabáticas —sistemas de refrigeración que enfrían el ambiente mediante la evaporación de agua— que provocan humedad que no hace que bajen las temperaturas. Veinte criaturas en un aula con eso. Además, algunos centros tienen los tejados al ras sin aislamiento y esto no sirve”. Hay que tener en cuenta además que la baja edad de los niños que asisten a estas escuelas hace que aumenten los riesgos para su salud relacionados con el calor.
Los sindicalistas también hacen hincapié en que necesitan un “plan real” para mejorar la situación, “no como el que sacaron en primavera contra la ola de calor que era muy bonito pero que no tenía ni dotación económica ni medidas concretas en cada centro”.
En el lado opuesto a las preocupaciones por las condiciones de trabajo del profesorado y el bienestar de los alumnos están el PP y Vox de la Comunidad de Madrid, que votaron el pasado jueves 18 de septiembre por no tener en consideración las más de 72.000 firmas que se presentaron el año pasado para refrendar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para climatizar los centros educativos. “Las más de 72.000 firmas han sido desatendidas y la ILP no será debatida mediante un trámite parlamentario que ya no se producirá”, se quejan desde la federación de asociaciones de padres y madres de alumnos Giner de los Ríos (FAPA).
La FAPA no está dispuesta a abandonar la lucha y avisa de que este no es el final del camino “sino solo un obstáculo que salvaremos por el bien de la comunidad educativa madrileña, en especial del alumnado, nuestras hijas e hijos”.