Movimiento obrero. Su brutal situación:
Permiten la regulación de trabajadoras transfronterizas en Ceuta
Durante el cierre de la frontera por el COVID-19 en 2020, más de 3.500 trabajadoras, en su mayoría mujeres que cruzaban a diario la frontera con Marruecos, quedaron atrapadas en Ceuta sin posibilidad de regresar a sus hogares, pero también sin posibilidad de regularizar su situación laboral y administrativa. Desde entonces la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) lleva denunciando esta situación y exigiendo soluciones a las administraciones responsables.
Ya en 2021 APDHA encabezó a más de un centenar de organizaciones de todo el Estado promoviendo la campaña “Trabajadoras transfronterizas con derechos”, donde, a través de concentraciones, reuniones y acciones de denuncia pública, se puso de manifiesto el abandono institucional que estas trabajadoras sufrieron durante más de dos años.
Ahora la APDHA celebra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoce el derecho de las trabajadoras transfronterizas marroquíes que quedaron varadas en Ceuta a regularizar su situación a través del arraigo laboral. Este fallo reconoce que la permanencia forzosa y los contratos laborales previos permiten a las trabajadoras acceder a este recurso legal.
Esta sentencia demuestra que muchas trabajadoras transfronterizas que se quedaron atrapadas en Ceuta durante el cierre de fronteras tenían vínculos fuertes con España por su trabajo, pero no cumplían con todos los requisitos legales para pedir el permiso por arraigo laboral. Como resultado, se vieron obligadas a vivir en situación irregular durante dos años y a trabajar sin papeles para poder solicitar ese permiso más adelante. Esto muestra lo absurda que puede ser nuestra ley de extranjería: obliga a estar en situación irregular para poder regularizarte, incluso cuando ya está claro que estas personas tienen un arraigo real en España. El problema es que no cumplían el requisito de vivir de forma continua en el país durante dos años, porque antes cruzaban la frontera cada día solo para trabajar, sin residir permanentemente en el país.
Desde APDHA denuncian que muchas de estas trabajadoras sufrieron secuelas emocionales causadas por la separación de sus familias y del abandono total por parte de las administraciones.
Esta victoria en los juzgados solo ha sido posible gracias a la movilización en la calle, resultado directo de las manifestaciones que mantuvieron durante meses ante la Delegación de Gobierno de Ceuta. Desde la asociación afirman que “Esta sentencia no solo reconoce sus derechos, sino también su lucha y su valentía. Fueron ellas quienes, a pesar del miedo y el abandono, alzaron la voz”
La entidad recuerda que muchas de estas mujeres llevaban más de 10 años cotizando a la Seguridad Social y contribuyendo, por tanto, al desarrollo del país. Por ello, exige a las administraciones que cumplan la ley y garanticen los derechos de todas las personas.
Llegan a 25 detenidos tras la huelga del Metal en Cádiz
El pasado 10 de septiembre la policía nacional detuvo a un hombre por su presunta participación en los incidentes relacionados con la manifestación de la huelga del metal celebrada el 18 de junio en Cádiz. Con esta nueva detención ya son 25 los detenidos en el contexto de la huelga del Metal de Cádiz de este año.
La policía le acusa de graves acciones contra el orden público y la seguridad ciudadana al participar en los altercados y enfrentamientos con la policía durante la manifestación. Según las fuerzas represivas, el detenido llevaba el rostro tapado con una braga tubular para evitar ser reconocido y no entran en detalles de cómo se ha llevado a cabo la identificación por lo que no se puede descartar que hayan recibido la ayuda de los sindicatos mayoritarios como ya han denunciado las organizaciones obreras de la bahía.
Siete años de huelga en la base de Rota
Desde septiembre de 2018, los trabajadores de la empresa estadounidense contratada por la Marina de EEUU, la US Navy, para operar los servicios de carga, descarga, almacenaje y viajeros en el aeropuerto de la base naval de Rota mantienen una huelga que se encuentra entre las más largas de España. Anterior a ésta, la huelga más prolongada de la que había constancia —aunque no hay estadísticas oficiales— fue la que mantuvieron durante cerca de cinco años, hasta 2018, los empleados de la planta de Fuenlabrada de otra multinacional estadounidense, Coca-Cola.
El conflicto comenzó cuando, tras el estudio de una consultora externa, la compañía contratada por el ejército americano llegó a la conclusión de que le sobraban 45 trabajadores para conseguir “una gestión exitosa”. Tras unas negociaciones infructuosas la compañía despidió de golpe a 30 de los 170 trabajadores que formaban la plantilla, después rompió unilateralmente con el convenio que había firmado la anterior adjudicataria del servicio y aplicó el convenio de los estibadores aéreos en aeropuertos civiles, con unos salarios un 30% más bajos y que ya no tiene en cuenta las condiciones especiales del trabajo en un entorno militar como la base de Rota.
La respuesta de los trabajadores a estos ataques fue una huelga indefinida con paros de cuatro horas por turno durante cinco días a la semana, ampliada posteriormente a toda la semana debido a la «continua vulneración de derechos laborales» y a la falta de avances en las negociaciones que se han abierto de forma intermitente en estos años de conflicto.
Este verano, tras retomar las negociaciones con la multinacional, la empresa ha despedido a cuatro trabajadores más, entre ellos el presidente del comité de empresa. Los sindicatos calculan un total de 50 despidos, cuatro de ellos miembros del comité de empresa, desde que la empresa tomó el servicio de la base.
El propio Ayuntamiento de Rota declaró a la empresa non grata en 2020 por sus abusos constantes a los trabajadores de la localidad. Desde el ayuntamiento advierten que “Es un conflicto bastante sangrante, que afecta mucho al municipio, a los salarios de los trabajadores. Y la percepción buena que tiene el pueblo de la base está variando con este conflicto, porque no se están respetando los derechos de los trabajadores en España”
La huelga, un derecho sólo sobre el papel
Parece sorprendente que cualquier empresa pueda soportar una huelga durante siete años, también que los propios trabajadores sean capaces de aguantar la presión económica que supone durante tanto tiempo. ¿Cómo se explica entonces una huelga tan larga? Al tratarse de una instalación de seguridad militar, los servicios mínimos que impone la administración española a los trabajadores son del 90%, lo que, como denuncian los sindicatos, elimina en la práctica cualquier derecho a huelga. Además, por si eso no fuese suficiente, la Inspección de Trabajo ha abierto un expediente de infracción a la empresa por el uso de esquiroles “de confianza”, militares y exmilitares estadounidenses, para que hagan ese 10% del trabajo.
Desde el comité de empresa denuncian que “Es la más larga de la historia porque es una huelga de pacotilla, porque no se respeta nuestro derecho”, a lo que un empleado añade: “En siete años, he podido estar 20 días de huelga porque siempre me ponen en servicios mínimos».