Movimiento obrero. Su brutal situación:
CCOO y UGT vendieron a los huelguistas de la Bahía de Cádiz
La «Operación Fuego» es una campaña de represión policial y judicial que ha sido lanzada por el Ministerio del Interior y dirigida específicamente contra los participantes de la huelga del metal que tuvo lugar en el año 2025 en la Bahía de Cádiz.
La operación fue impulsada por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y a instancias de la Fiscalía, y entre las diligencias practicadas está la interlocución de los agentes con representantes de ambos sindicatos. El objetivo era determinar y detener a trabajadores que estuvieran presentes durante los disturbios que se produjeron durante las protestas de la huelga del metal. En particular, se centran en los incidentes ocurridos el 18 de junio de 2025, un día marcado por la intensidad de las manifestaciones y la respuesta policial.
Hasta el 10 de septiembre de 2025, se han llevado a cabo un total de 25 arrestos de trabajadores metalúrgicos. Las detenciones no solo han incluido arrestos, sino también registros domiciliarios, persecuciones y un despliegue policial pocas veces visto. Algunos de los detenidos enfrentan fianzas económicas que oscilan entre 15.000 y 45.000 euros.
Según la información proporcionada por la policía, los detenidos son acusados de diversas acciones. Entre ellas se encuentra la quema de lonas colocadas en las vías, con el objetivo de interrumpir el tráfico de trenes, lo que supuestamente generó importantes repercusiones en el transporte de mercancías y pasajeros, según la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca).
Además, se les imputa la realización de ataques a las fuerzas policiales, que incluyen el lanzamiento de botellas y piedras contra los agentes.
Los sindicatos CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) han denunciado la «Operación Fuego» como una «cacería» represiva contra la lucha obrera, subrayando el silencio de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que han guardado silencio y que en la práctica supone un señalamiento indirecto de los trabajadores que debían ser detenidos, en especial aquellos que jugaron un papel destacado tanto en las asambleas como en las protestas. Entre las diligencias practicadas por la Brigada de Información gaditana, estuvieron reuniones entre agentes de la misma y representantes sindicales, mencionadas en el atestado policial.
El patrón ha sido similar a lo ocurrido en la represión de huelgas en empresas como Airbus en 2021 o Acerinox, donde CCOO y UGT facilitaron al gobierno del PSOE y SUMAR la represión posterior a los trabajadores que no aceptaban las condiciones que los sindicatos mayoritarios habían pactado a espaldas de las plantillas.
Los datos contra el bulo de la falta de médicos de Ayuso
En mayo, desde la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid denunciaron la escasez de médicos en el Sistema Nacional de Salud y un mes después alertaron sobre un verano que sería crítico por la falta de profesionales. La administración centró el debate en esa supuesta falta de médicos que tiene “un impacto especialmente grave en Atención Primaria y Urgencias”.
Sin embargo los datos muestran una realidad muy distinta ya que según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Madrid es la comunidad con más médicos en activo del Estado con 733 por cada 100.000 habitantes.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) rebaten las declaraciones del Gobierno Madrileño e insisten en que el “verdadero problema” no es la cantidad si no la distribución de los médicos. El problema de la distribución es que en el ámbito nacional “el 78,9% de los médicos trabajan en hospitales, mientras que solo el 21% está en Atención Primaria. En Madrid, la situación es aún más desigual: un 81,2% de los médicos pertenecen a hospitales y solo un 18,8% ejercen en Primaria”.
Respecto a la sobrecarga de los centros de salud en Madrid, en algunos casos alcanza más de 2.000 pacientes por médico en Atención Primaria, mientras que las organizaciones profesionales recomiendan un máximo de 1.260 pacientes.
Según la federación, detrás de las declaraciones del Gobierno de la comunidad que narran problemas en la sanidad pública se esconden “grandes multinacionales que están copando prácticamente todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid». «Lo que se está haciendo es reducir el gasto público en sanidad para aumentar de manera escandalosa los recursos destinados a la sanidad privada”. También denuncian que en caso de que la política de recortes continúe, la situación se volverá crítica ya que “Cada vez es más difícil acceder a un médico de familia o a un pediatra”.
Según una doctora de Atención Primaria, cuando la Comunidad habla de “escasez”, en realidad está ocultando un problema de contratación y precariedad laboral que expulsa a los profesionales de la sanidad pública. Las cifras en las que se apoya narran que en Madrid se forman más de 200 médicos de familia al año, pero alrededor de 70 se marchan a otras comunidades donde los contratos son más largos, los salarios más altos y la presión menos asfixiante.
Comunicado: CNT pide la dimisión de la Consejera de Desarrollo Sostenible en Castilla La Mancha
No podemos estar más en desacuerdo con las palabras de la señora Mercedes Gómez saliendo a defender la mala gestión del dispositivo contra incendios y reclamando a las organizaciones sindicales que no les reprochemos su incapacidad para llevar a cabo las reivindicaciones que venimos haciendo desde sindicatos y asambleas para solventar las deficiencias y precarias condiciones de las y los trabajadores de Geacam.
Resulta lamentable, aunque no sorprendente, porque es lo único que saben hacer los políticos últimamente; ver como se escuda en la situación que tiene los dispositivos de otras comunidades autónomas para alabar el modelo de Geacam como si fuera algo ejemplar cuando la realidad es que venimos sufriendo una degradación en las condiciones de trabajo y una merma del dispositivo que aunque no es equiparable a las condiciones de otros compañeros en otras comunidades es bastante deficitario.
Nos parece vergonzoso las declaraciones sobre el personal fijo discontinuo de la plantilla, que es superior al 10%, que con tan solo 3 meses de contratación al año diga que no van a la calle y se las vuelve a contratar al año siguiente (entre otras cosas porque seria ilegal). Esto es reírse en la cara de las y los trabajadores, porque esas personas tienen que buscarse la vida los 9 meses restantes del año; y teniendo en cuenta la dificultad que esta encontrando la empresa para cubrir los puestos necesarios para tener a las dotaciones completas en extinción nos parece motivo suficiente como para contratarlas todo el año.
Es un hecho que las condiciones actuales del dispositivo no son las adecuadas para hacer frente a las condiciones climáticas que se nos vienen encima, que nos encontramos hoy con mayor precariedad laboral que hace unos años (menos días de campaña, dotaciones incompletas, puestos sin cubrir, alta temporalidad, una tasa de reposición insuficiente para suplir las necesidades de puestos, etc.) es algo manifiesto, y no vale con justificarse en lo mal que lo están haciendo otros para dejarnos así y no atender a las reclamaciones de las diferentes organizaciones sindicales y asambleas, y empezar a actuar aplicando el estatuto del bombero forestal y negociando un nuevo convenio sectorial que reconozca nuestra labor y trabajo con unas condiciones dignas para todas las personas que trabajamos de ello.
Por todo ello pedimos la dimisión de la señora Mercedes Gómez, actual Consejera de Desarrollo Sostenible en Castilla-La Mancha.
CNT