Movimiento obrero. Su brutal situación.
Conflicto con Vectalia en el taller de RENFE de Los Prados
La entrada de Vectalia como nueva concesionaria en el taller de RENFE de Los Prados no ha causado más que problemas a los trabajadores ya que su actividad se ha centrado en poner en peligro los puestos de los trabajadores del taller, intentar dividirlos y empeorar sus condiciones laborales.
En primer lugar se ha desentendido de las negociaciones con el SERCLA, el Servicio Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía, alegando que hasta el 1 de septiembre no tenía ninguna responsabilidad con el servicio. Por si eso fuese poco, en lugar de subrogar a la plantilla como sería normal en estos casos, ha solicitado a una parte de los trabajadores de la empresa que deja el servicio que pida la baja voluntaria para incorporarse a Vectalia, perdiendo la antigüedad, y seguramente alguna otra condición laboral favorable, por el camino. La empresa también ha abusado de su poder para llamar a los trabajadores durante las vacaciones y forzarles a pasar por reconocimientos médicos y cursos de formación de riesgos laborales durante su tiempo de descanso.
Esta es la situación con la que se encuentran los trabajadores de Los Prados, en Málaga, motivo por el que CGT ha formalizado la convocatoria de una huelga a partir del 2 de septiembre, instando a una nueva reunión del SERCLA cuando Vectalia ya haya tomado el cargo del servicio y no pueda evadir más su responsabilidad con los trabajadores. Esta reunión sería una última oportunidad para que la empresa garantice el empleo y unas condiciones laborales homogéneas bajo el convenio colectivo de contratas ferroviarias para las personas trabajadoras de todas las empresas concesionarias de RENFE en el taller de Los Prados.
Este no es el único conflicto obrero que ha causado el cambio de manos del taller. Transfesa, una de las empresas que dejan el servicio, está planteando un ERE para el despido colectivo de 34 personas usando como excusa la pérdida de la concesión, aunque la ley obliga a la empresa entrante a subrogar la plantilla por lo que la carga de trabajo sigue en los mismos trabajadores.
El sindicato CGT convocó una asamblea con todo el personal del taller para abordar la situación, medidas legales y cómo afrontar la situación de forma colectiva en caso de que las negociaciones fracasen.
Aumenta en 80% los muertos en lista de espera en Cataluña
La sanidad pública en Cataluña enfrenta una crisis estructural. Un análisis de datos oficiales del Servicio Catalán de Salud, recopilados por el Portal de Transparencia, revela que entre 2015 y 2024 se registraron 18.682 muertes de pacientes que aguardaban una intervención quirúrgica, lo que representa un incremento del 80 % en la última década, alertan fuentes sanitarias.
En 2015, el número de fallecimientos en lista de espera ascendía a 1 194, cifra que aumentó de manera sostenida hasta los 2 151 en 2024, alcanzando su pico en 2020 durante la pandemia, con 2 271 muertos.
En diciembre de 2024, Cataluña registraba 196 911 personas en espera de una cirugía, con una demora media de 145 días, de los cuales el 32,5 % aguardaba más de seis meses, situando a la comunidad en cuarto lugar en tiempos de espera a nivel estatal.
Especialidades especialmente afectadas son traumatología (45 993 pacientes en lista), cirugía general y digestiva (41 529), oftalmología (33 560) y urología (17 025). Además, Cataluña lidera por número de personas en espera y presenta una alta tasa por habitante: 25,10 por cada 1 000, superada únicamente por Cantabria.
Factores estructurales detrás de la crisis
Sectores profesionales, organizaciones de pacientes y partidos políticos apuntan a una serie de causas profundas de esta situación:
Falta de inversión: Presupuestos insuficientes que no han logrado compensar el impacto de los recortes, en especial desde la crisis financiera de 2011, deterioran progresivamente la atención pública.
Recortes de personal y cierre de camas: En 2024, el Hospital Vall d’Hebron no renovó contratos de 200 profesionales para ahorrar 13 millones, mientras que el Clínic enfrentó recortes de 20 millones. Estas decisiones han llevado al cierre de camas y reducción de actividad quirúrgica.
Privatización encubierta: La derivación progresiva de servicios públicos a centros privados ha aumentado la fragmentación del sistema, afectando la accesibilidad y calidad del servicio para los más vulnerables.
Reacciones y demandas de cambio
Organizaciones de pacientes y sanitarios exigen coordinación interterritorial, refuerzo de recursos estructurales y garantías de tiempos máximos de espera; sin embargo, las respuestas del Govern y del Ministerio de Sanidad han sido consideradas insuficientes, lo que alimenta la desconfianza social.
La sanidad pública catalana atraviesa un momento crítico. Las cerca de 19.000 muertes en lista de espera en diez años no son solo una estadística, sino un indicador de un sistema que requiere intervenciones urgentes. Sin inversión, personal y camas suficientes, junto con una estrategia clara que priorice lo público, la crisis sanitaria se profundizará aún más.
Sin conciliación en el Gómez Ulla
En 2023 los turnos de 12 horas rotarios llegaron, sin negociación, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, gestionado por el Ministerio de Defensa. Una empleada de urgencias explica que su turno es un día de mañana de 9:00 a 21:00, al día siguiente de noche de 21:00 a 9:00 horas y luego tiene un día saliente en el que no trabaja y tres días más libres. Lo que puede parecer una jornada con unos descansos adecuados es un regalo envenenado ya que estos turnos generan una deuda de horas que el hospital usa cuando y como quiere, especialmente para cubrir vacaciones sin contratar a nadie, una práctica común entre los hospitales de gestión privada. Según las palabras de un enfermero: “Hace dos años nos empezaron a plantear ponernos el turno rotatorio. Quienes no quisieron se tuvieron que ir del servicio, muy voluntario no fue. Incluso gente que tenía plaza fija desde hace 15 años”
Este aumento de jornadas de trabajo en verano se traduce en problemas para conciliar con las familias de los trabajadores. La misma trabajadora denuncia que cuando quiso reducir su jornada la “informaron de que si lo hacía la sacarían del servicio”. Desde CGT denuncian que no se está cumpliendo el Plan Concilia, un instrumento pactado entre la administración y los sindicatos para asegurar la conciliación de los funcionarios. Según el portavoz del sindicato “No se están permitiendo modificaciones de horario o reducciones de jornada”.
Los trabajadores reivindican sus derechos laborales y afirman que seguirán luchando por mejoras para su turno a la vez que denuncian que “El hospital se agarra a que estamos así por necesidades asistenciales del centro. Están llevando al extremo las necesidades asistenciales, como si viviéramos continuamente en un estado de guerra. Y esto no es así. El hospital tiene una gestión anual, sabe cuando hay picos y cuando hay vacaciones”.