Movimiento obrero. Su brutal situación.
Situaciones reales:
-200 vecinos de Madrid denuncian que la Iglesia pretende vender sus casas a un fondo buitre.
«La estafa del arzobispado para hacer viviendas turísticas»
La fundación Fusara, ligada al arzobispado de Madrid, llegó a un acuerdo el pasado 30 de julio con la sociedad Tapiamar para intentar vender 13 de los inmuebles que gestiona en el centro de la capital.
Los inmuebles no se pueden vender porque fueron donados a la iglesia para que, a través de la renta de los alquileres, el dinero obtenido se destinara a fines benéficos, en concreto, para los niños huérfanos y sin recursos de Madrid. Ahora, si la venta se lleva a cabo, los vecinos serán expulsados de sus casas…
-Macrodemanda contra El Corte Inglés en sus almacenes de logística.
221 trabajadores irán a juicio este septiembre para reclamar condiciones laborales como que se reconozca el riesgo de trabajar en altura o que se les aplique un convenio más adecuado que el de comercio.
Las y los trabajadores de logística de El Corte Inglés en su almacén más importante de España, en Valdemoro (Madrid) —que junto con los centros de Montornés del Vallés (Barcelona) o Villaverde (Madrid) distribuyen la mercancía de los más de cien centros comerciales que tiene la cadena— han presentado una demanda para reclamar derechos laborales.
“Hemos denunciado para que se nos cambie el convenio, ya que los sindicatos son de empresa y no hacen nada”.
La demanda explica que, a su juicio, en otra denuncia de 400 trabajadores de El Corte Inglés, se reconoció “implícitamente la aplicación del convenio colectivo de logística”.
“Queremos que a la empresa le vaya bien para nosotros comer, pero vemos que se reparten pagas de 14 millones a directivos y a la familia teniendo subidas mínimas de salarios”.
En El Salto.
-Temporeros.
Les arrancan hasta las tripas.
Eneko.
Barrios abandonados:
-Cuando lo privado va antes que lo público: el barrio de Madrid que sobrevive sin ambulatorio, escuela, biblioteca y metro.
Tras más de una década de espera, en septiembre abrirá en El Cañaveral un «Medio CEIPSO», parte del polémico plan de Ayuso. Los vecinos madrileños acusan a la administración de «priorizar el negocio».
Lo han pedido a gritos. Siguen sin ser escuchados. Los 25.000 vecinos del barrio madrileño de El Cañaveral (en el sureste de la capital) llevan más de una década esperando que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad cumplan con los compromisos urbanísticos prometidos. Viven sin infraestructuras básicas como centros de salud o culturales ni colegios. Y, al mismo tiempo, ven como la construcción de nuevas viviendas no se detiene.
Cuando enferman, deben desplazarse al Centro de Salud Villablanca, a 15 minutos en coche; en transporte público, el trayecto puede acercarse a una hora, contando la espera del autobús. Tampoco hay un metro cerca. El más próximo está a 20 minutos en autobús. Mientras tanto, las obras de nuevas viviendas siguen creciendo. «Se construyen casas, pero servicios esenciales como sanidad, educación y transporte no llegan». «Las administraciones sí están para el negocio, pero no para el bienestar de los vecinos».
El Cañaveral pertenece al distrito de Vicálvaro. Los primeros vecinos llegaron al barrio en el primer trimestre de 2016.
«Hasta 2029 no está prevista la apertura del Centro de Salud El Cañaveral»…
Mientras:
-Madrid acoge ya a 50 de los 100 más ricos de España por su baja fiscalidad.
Madrid, el 1,6% de territorio estatal, el 14,3% de la población, el 19,2% del PIB… y ¡el 50% de los multimillonarios!
Mientras, barrios sin luz desde hace años, barrios sin ningún servicio público desde hace diez, miles de personas durmiendo sin techo, comiendo de los restos de las basuras…
Fuego negocio monopolio:
-Las empresas condenadas por el ‘cartel del fuego’ sortean la prohibición de contratar con el Estado.
Tres de los principales operadores aéreos del oligopolio contraincendios sólo fueron sancionados con una prohibición de contratar de nueve meses, pese a amañar concursos públicos durante 20 años.
Algunas empresas han recurrido la sentencia en el Supremo, por lo que la sanción no se aplica. Mientras, la CNMC, conocedora de los hechos desde 2016, no ha abierto aún una investigación.
Apenas un puñado de empresas suministra al Ministerio de Transición Ecológica y a las comunidades autónomas los helicópteros y aviones imprescindibles para la lucha contra los incendios forestales, un total de 250 aeronaves. Gracias a unas adjudicaciones que superan los 654 millones de euros, según las cuentas realizadas a partir de los datos de la Plataforma de la Contratación del Estado: 270 millones del Gobierno central –una cincuentena de aparatos– y 384 millones –unas 200 máquinas– de las 11 mayores comunidades autónomas. El mismo ministerio reconoce que el sector lo conforma un «oligopolio o monopolio de facto», integrado por un «reducido número de fabricantes de aeronaves y de empresas operadoras». Pero esa posición privilegiada no debió de parecer suficiente a las principales compañías, que se confabularon durante 20 años para amañar los concursos públicos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, además de los del Gobierno central. Así lo establece la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una sentencia del pasado mes de febrero, que condenó al conocido como cartel del fuego por alterar la libre competencia, repartiéndose el mercado y sobornando a funcionarios.
Doce personas, entre ellas el ex consejero de la Generalitat Valenciana Serafín Castellano, y tres altos cargos de la Generalitat catalana, así como directivos de ocho operadores aéreos, fueron sentenciados a penas que van de los seis meses a los dos años y tres meses por los delitos de alteración del precio de los concursos públicos, cohecho, prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial e información privilegiada. Esas ocho empresas, además, fueron sancionadas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas durante nueve meses.
Pese a su participación durante dos décadas en una asociación ilícita –ellos mismos se hacían llamar «la Asociación» y dentro existía un «G5″–, tres de los operadores aéreos del cartel del fuego siguen siendo los mayores adjudicatarios de contratos para proveer de helicópteros y aviones contraincendios al ministerio y a las comunidades autónomas: Avincis, la número uno del sector; Pegasus, la segunda del ranking, y Martínez Ridao Aviación, el mayor suministrador de aviones anfibios y de carga de España…
–https://www.publico.es/politica/empresas-condenadas-cartel-fuego-sortean-prohibicion-contratar.html
Y resultados:
-Los fuegos son culpa de los ecologistas, ¿verdad?…
Pues esto es de hoy mismo: la Junta de CyL da luz verde a una mina para extraer 342.000 toneladas de cuarcitas en Oencia, en zona incendiada hace solo unos días. Ni el duelo respetan.
Juan López de Uralde.