Movimiento obrero. Su brutal situación:
Tres décadas de estancamiento en el salario real
A pesar del milagro económico que los políticos dicen que hay en el Estado español el poder adquisitivo de los españoles apenas ha aumentado desde 1994. Entre 1994 y 2024 el salario real ajustado a la inflación ha subido un mísero 2,7%, una cifra irrisoria al compararla con las subidas que han experimentado todos los aspectos del día a día, como el famoso carro de la compra o el ocio. Hoy en día las familias deben destinar un porcentaje mayor del salario a necesidades básicas por el desfase entre los salarios y el coste de vida.
Con ese 2,7% de aumento salarial, descontando la inflación acumulada, en 30 años podemos hablar sin tapujos de una congelación en el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras tanto en estas últimas tres décadas la compra ha subido un 63% por lo que hacerse con alimentos y otros bienes básicos supone un gasto mucho mayor, que los hogares con menos recursos notan aún maś a final de mes.
Que los salarios reales estén estancados tanto tiempo no afecta de igual forma a todos, los jóvenes que acceden al mercado laboral y los trabajadores con contratos temporales o parciales son los más expuestos ya que su salario está por debajo de ese promedio que ha aumentado un 2,7%. Es decir que para muchos ni siquiera el poder adquisitivo ha quedado congelado si no que se ha reducido.
HazteOír se registra como lobby en la UE
HazteOír es una organización infame por su beligerancia jurídica y prácticas mafiosas contra todo aquello que no sea lo más rancio del fascismo. También consiguieron cierta notoriedad con sus campañas de autobuses con mensajes tránsfobos y antifeministas. En 2020 la Audiencia Nacional les retiró el estatus de “asociación de utilidad pública”.
Ahora buscan llevar su campo de actuación a la Unión Europea. El pasado 18 de julio, CitizenGo, un grupo más amplio al que está afiliado HazteOir mediante el que impulsan campañas internacionales y reciben donaciones, se inscribió en el Registro de Transparencia de la UE, la base de datos donde se registran los lobbies.
La misión de estos lobbies, según el propio registro es representar intereses que intentan influir en las políticas y el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. El objetivo del registro es «mostrar al público qué intereses están representados a escala de la UE, por quién y en nombre de quién, así como los recursos dedicados a estas actividades (incluidos el apoyo financiero, las donaciones, el patrocinio, etc.)». Este registro solo es obligatorio desde 2021.
En su inscripción CitizenGo se presenta como una organización sin ánimo de lucro “Guiados por convicciones de inspiración cristiana y un espíritu innovador, trabajamos juntos para defender la dignidad humana y los derechos fundamentales mediante campañas eficaces y creíbles». Afirman que su «misión es defender y promover la santidad de la vida humana, la familia tradicional y la libertad individual, garantizando que estos valores influyan en la toma de decisiones a todos los niveles». La misma retahíla fascista a la que nos tiene acostumbrados HazteOír en España.
Según el registro la organización fascista cuenta con un presupuesto de 5.333.133€ y sus principales fuentes de financiación son donaciones y cuotas de socios. También afirman que en la UE hay unas 20 personas trabajando para ellos.
Las residencias de Madrid sufren otro ataque contra lo público
Las residencias de ancianos llevan sobre la espalda un historial de abandono en la Comunidad de Madrid, donde las políticas de recortes y apoyo a la privatización están haciendo estragos en todo tipo de servicios. Ahora mismo el contexto de las residencias de ancianos y los trabajadores de estos centros está marcado por un repunte de brotes de sarna y plagas de chinches a la vez que las familias de los usuarios están denunciando una dejación absoluta por parte de las autoridades y falta de control e higienización, especialmente en los centros concertados de la región. Según los sindicatos los brotes de enfermedades como la sarna “pueden prevenirse con protocolos de limpieza rigurosos, condiciones higiénicas adecuadas y suficiente personal”
Dentro de este contexto el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido profundizar el problema eliminando del nuevo Acuerdo Marco 2026 los mínimos de personal para limpieza, cocina y mantenimiento. Con este nuevo acuerdo marco desaparece la garantía de contar con al menos cinco personas al día dedicadas a la limpieza en centros con más de 100 residentes.
La eliminación de las ratios mínimas de limpieza, cocina y mantenimiento deja en manos de las empresas privadas la gestión de servicios esenciales, abriendo la puerta a recortes de plantilla, externalización y aumento de la precariedad. Los sindicatos denuncian que la administración “no puede desentenderse de cuestiones sanitarias críticas” y exigen la restitución inmediata de los mínimos obligatorios de personal, además de una puesta en marcha de mecanismos eficaces de control y seguimiento.
Carmen López, portavoz de familiares y miembro de la plataforma Marea de Residencias, denuncia la «falta de transparencia» en los centros: «Los familiares no reciben información oficial, se enteran porque hay habitaciones clausuradas o por el boca a boca. Ni la dirección ni la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), en el caso de las residencias públicas, informan con claridad». López advierte que la reducción de las ratios de personal «solo puede empeorar aún más la situación».
La situación que viven los ancianos internos en la Comunidad de Madrid es un gravísimo déficit de personal en las residencias y la falta crónica de inversión que responde a una estrategia deliberada para desmantelar los servicios públicos. También a una política que el gobierno de la Comunidad denomina “colaboración pública-privada” y consiste en ceder recursos públicos a empresas privadas para que hagan negocio con ellos, a la vez que recortan en los servicios públicos para desprestigiarlos. Un claro ejemplo de esta política es que en Madrid llevan 20 años sin construir una sola residencia pública pero se va a ceder suelo público para que grandes empresas del sector sociosanitario construyan un total de 40 nuevas residencias que podrán explotar.
En el caso de las residencias estas políticas se traducen en que, por ejemplo, este verano se ha contratado a técnicos auxiliares, que no pueden administrar la medicación a los internos, en lugar de técnicos de cuidados en enfermería para cubrir las bajas y vacaciones. Y eso si se cubren ya que es una práctica común que no se sustituya al personal de atención directa ni al de mantenimiento; actualmente hay cerca de 1.000 plazas sin cubrir en las residencias y faltan recursos básicos como pañales y toallas.
¿Seguridad? ¡Fuera asusta abuelas!