Muro de solidaridad y denuncias:
Sanitarios madrileños se oponen a la compra de material a Israel
Un total de 390 médicos, enfermeros, celadores, administrativos y otros trabajadores sanitarios del distrito de Vallecas han firmado una carta pidiendo que se evite la compra de material médico, la contratación de cualquier servicio y que en la medida de lo posible se termine cualquier acuerdo económico que actualmente se mantenga con empresas que de forma directa o indirecta colaboren con la ocupación de los territorios palestinos o “el asesinato sistemático de su población”.
Esta carta está dirigida a la gerencia, dirección médica y comisión de compras de los hospitales Infanta Leonor y Virgen de la Torre. Los sanitarios aseguran que desconocen “quiénes son los responsables últimos de las compras” ya que desde 2024 el gobierno de la Comunidad de Madrid canceló el proceso de concurso público por el que se decidía la gerencia de los hospitales madrileños y desde entonces los nombramientos se hacen a dedo.
Los sanitarios apuntan específicamente a dos empresas, la informática Hewlett-Packard, más conocida como HP y el laboratorio israelí Teva Pharmaceutical. Ambas empresas han sido señaladas por múltiples ONGs por su colaboración con el apartheid y lo que la ONU ha descrito como “economía del genocidio”. Hewlett-Packard es la empresa encargada de suministrar a Israel con servidores para la Autoridad de Población que se encarga de la recopilación, almacenamiento y uso de datos biométricos de los palestinos y colabora con los servicios penitenciarios sionistas.
De momento, ni las autoridades hospitalarias ni la Consejería de Sanidad de Madrid se han pronunciado sobre las peticiones de los sanitarios, según los firmantes del escrito.
Reconocimiento facial en centros sanitarios de Ceuta y Melilla
El Estado español en su esfuerzo por mantenerse en la vanguardia de la represión, el control y la vigilancia de sus ciudadanos está implantando un nuevo sistema para, mediante el uso de la inteligencia artificial, vincular los rasgos faciales de los pacientes con su historial médico, a la vez que instala cámaras en los centros sanitarios.
Esta medida, que ha comenzado a implantarse ya en Ceuta y Melilla y lleva en fase de pruebas desde noviembre de 2024, se ha llevado de forma completamente ajena a los sanitarios. Desde el Colegio y Sindicato de Médicos de Ceuta cuentan que nadie les ha informado de la instalación del sistema y que son “completamente ajenos a su funcionamiento y de los plazos previstos para su entrada en vigor”.
Aunque el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) defiende que no hay alternativas para mejorar la calidad y seguridad asistencial, los sistemas de reconocimiento facial han sido ampliamente criticados por la vulneración de privacidad que suponen, los problemas relacionados con la seguridad y los sesgos discriminatorios que pueden conllevar. El instituto ha creado un documento donde evalúa el impacto que este sistema tendría en los datos personales de los pacientes y afirma que «la gravedad del riesgo para los derechos y libertades del tratamiento y su intromisión en la privacidad de los pacientes es la adecuada al objetivo perseguido y proporcionada a la urgencia y gravedad de esta» pero en ningún momento explica cual es la urgencia o gravedad por la que se implanta este sistema.
El jurista Mikel Recuero, especialista en protección de datos, opina que dicho documento no alcanza los cánones establecidos para estudiar de forma debida el impacto que puede tener un sistema de fichaje como este: “En términos generales, el análisis es insuficiente e incoherente desde el punto de vista de la protección de datos, algo preocupante teniendo en cuenta la especial sensibilidad de los datos e informaciones involucradas y el contexto sanitario en el que se pretende desarrollar la iniciativa”. Además en el documento no se menciona en ningún momento del consentimiento del paciente.
La Agencia Española de Protección de Datos avisa sobre el peligro que suponen los datos biométricos en una de sus guías: “El acceso no autorizado a nuestros datos biométricos en un sistema permitiría o facilitaría (en el caso de utilizar múltiples factores de autenticación) el acceso en el resto de los sistemas que utilicen dichos datos biométricos. Podría tener el mismo efecto que usar la misma contraseña en muchos sistemas distintos”, y agrega: “Y, a diferencia de los sistemas basados en contraseñas, una vez que la información biométrica ha sido comprometida, esta no se puede cancelar”. Según la Agencia Europea de Ciberseguridad, entre 2021 y el primer cuatrimestre de 2023 se han dado 99 incidentes relacionados con filtraciones de datos en el sector sanitario en la Unión Europea. En 52 de esos se filtró información relacionada con datos de pacientes o historia clínica de los mismos.
Además de las preocupaciones de expertos y agencias debemos plantearnos el peligro que supone a las libertades políticas el aumento del control usando datos biométricos y cámaras que cada vez son más omnipresentes en nuestras ciudades. Estas medidas se implantan a la vez que los cuerpos represivos tienen acceso a cada vez más información y más amparo legal para almacenarla y usarla a discreción.
Nueva condena económica para los 6 de Zaragoza
Tras un año y tres meses de prisión, los 6 de Zaragoza han sido notificados de una nueva multa, esta vez de 140.000€ como indemnización a un policía que participó en la represión que sufrieron en la manifestación de 2019 que llevó a las detenciones. Esta cantidad se suma a la multa anterior de 40.000€ y los gastos judiciales poniendo los costes del caso por encima de los 200.000€ en total.
Desde la plataforma Libertad 6 de Zaragoza señalan que “se consuma así una condena que recae sobre familias, amigas, la propia plataforma y las organizaciones que acompañamos este caso y que, después de años de juicios, se ven ahora abocados al pago de cuantiosas cantidades difícilmente alcanzables para quienes viven exclusivamente de su trabajo”.
En el mismo comunicado critican al actual gobierno por mantenerse impasible contra la extrema derecha pero castiga a quienes deciden plantar cara a los que nos explotan en nuestro trabajo día tras día. También critican que no hayan derogado las leyes que permiten que se continúen estos casos y responsabilizan al gobierno de cada día que siguen en prisión y de las multas a las que son sometidos.