Muro de solidaridad y denuncias:
Torturas:
-El Gobierno progre quita a la Comisaría de Vía Laietana (donde se torturó) del Espacio de Memoria Democrática.
El Gobierno ha eliminado la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, enclavada en la Vía Laietana, del listado oficial de Espacios de Memoria Democrática. Recordemos que se tratan de dependencias donde se practicaron torturas durante el franquismo y en los primeros años de la transición.
Pese a las reiteradas movilizaciones para pedir que deje de ser una Comisaría, el Gobierno subraya que Interior no va a renunciar a esa comisaría por tener una situación estratégica para combatir la delincuencia y reforzar la seguridad, dicen.
En Insurgente.org
Criminalización:
-La Operación Karpi y la teatralización del castigo.
Ante la reciente operación policial “Karpi” desarrollada de manera conjunta por Policía Municipal de Pamplona y Policía Foral, y su amplia difusión a través de la propia web del Gobierno de Navarra, medios de comunicación y redes sociales, desde nuestros colectivos queremos manifestar nuestro rechazo tanto a la forma en la que se ha llevado a cabo, como al tratamiento mediático que varios medios de comunicación han hecho de esta intervención.
Creemos que la espectacularidad desplegada durante la intervención, resulta especialmente innecesaria en operaciones como esta, previamente planificadas. De hecho, entendemos que la exhibición pública y mediática de la actuación, más que garantizar un proceso eficaz o proporcionado, la convierte de facto en una herramienta de propaganda o escarmiento social y busca generar impacto social y mediático, a través de la teatralización del castigo.
Entendemos además que esta forma de actuar compromete principios fundamentales como la presunción de inocencia, al exponer públicamente a personas que aún no han sido juzgadas ni condenadas.
Esta exposición innecesaria, especialmente cuando se acompaña de imágenes, o detalles sobre la nacionalidad, origen étnico o situación administrativa de las personas detenidas, refuerza estereotipos sociales y contribuye activamente a la criminalización de comunidades ya vulnerabilizadas, alimentando discursos racistas y xenófobos. Además genera una alarma social injustificada y refuerza la percepción de que ciertos barrios o colectivos son inherentemente peligrosos, lo cual deteriora la convivencia y la cohesión social, reforzando discursos de odio y exclusión.
Resulta curioso que, en la mayoría de casos en los que las personas hacen uso de su derecho a grabar actuaciones policiales, cuando perciben que se puede está vulnerando alguna garantía, sean amenazadas o sancionadas por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, supuestamente por poner en peligro actuaciones policiales y sin embargo en esta ocasión se haya decidido grabar de manera íntegra las actuaciones y publicarlas inmediatamente, incluso con la operación aún abierta, permitiendo la grabación y publicación en redes sociales de videos donde se puede ver la actuación y los rostros con total nitidez, por lo que entendemos que lejos de proteger la privacidad de la actuación se trataba más bien de una producción audiovisual. De hecho, la filtración y difusión del vídeo del operativo y su uso oportunista y carroñero por parte de la extrema derecha ha servido para difundir su discurso racista, punitivo y autoritario.
Nos gustaría también recordar que esta actuación ya había tenido multitud de ensayos previos en forma de controles de identidad racistas que se dan a diario en nuestras calles, en los que se controla y clasifica a la población racializada, con la diferencia que estos no se permiten ser grabados ni investigados. Controles que se autojustifican a sí mismos y que a pesar de ser absolutamente ilegales no han dejado de aumentar, alimentando una narrativa para poder justificar una presencia policial constante para supuestamente controlar, en la práctica acosar y hostigar, a quienes son relegados a los márgenes y excluidos del sistema.
No se trata pues de prevenir o actuar contra la delincuencia, si no de generar un caldo de cultivo en el que poder ensayar límites normativos y exclusión.
Las calles y plazas de Iruñea ya han sido, históricamente, escenarios de violencias policiales diversas. Los conflictos políticos y sociales no pueden resolverse a golpe de respresión. En el territorio europeo con mayor tasa de efectivos policiales por habitante, la inversión pública en políticas sociales es objeto de restricciones burocráticas que dejan, a la intemperie de derechos y recursos, a cada vez capas más amplias de la población.
Acompañando a todo lo anterior, confirmamos cómo algunos medios han asumido un papel de colaboración directa en la propagación del discurso de odio y el racismo con una estrategia de comunicación planificada. En este caso, obviamente no han dudado en destacar de forma innecesaria y estigmatizante el origen o la racialización de las personas detenidas o investigadas. incurriendo de nuevo en el incumplimiento del principio general del código deontológico de la Federación de Periodistas (FAPE): «Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona (…) Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden relación directa con la información publicada» Respecto a la mención y difusión de los nombres, o rostros de las personas entendemos además, que se puede considerar una intromisión en su derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales.
Este enfoque resulta especialmente grave en un contexto de creciente vulnerabilidad social, donde los discursos de odio y exclusión encuentran un eco preocupante en las políticas públicas y en la narrativa institucional y social. El rédito que, de izquierda a derecha, se obtiene al vender seguridad, control y orden como mercancía política revela cómo el miedo se ha convertido en el principal motor de la movilización electoral en un escenario de creciente incertidumbre global.
En lugar de confrontar las causas estructurales de la inseguridad —el racismo estructural, la precarización, la miseria, la falta de oportunidades, etc.—, se apela a una gestión tecnocrática del malestar ciudadano: más policías, más cámaras, más penas.
Este enfoque no solo resulta funcional al statu quo, sino que se ajusta como un guante a las ansiedades de las clases medias, cuya prioridad no es tanto transformar la realidad, sino blindarse frente a su creciente descomposición. Así, la seguridad deviene en fetiche electoral, y el orden, en coartada para reforzar mecanismos de control que se ceban sobre las capas.
Desde nuestros colectivos y espacios exigimos responsabilidad institucional, rigor informativo y el cese inmediato de prácticas que perpetúan la criminalización estructural de sectores ya precarizados de nuestra sociedad. Son las instituciones las que de manera continua defienden la acción policial, judicial y mediática y nos cuentan que esta se ha de regir por principios de proporcionalidad, legalidad, respeto a los derechos humanos y lucha contra toda forma de discriminación,… Sabemos que son principios que de manera continua se vulneran de manera flagrante, especialmente cuando afectan a quienes han sido relegadas a los márgenes y son no son consideradas como sujetos políticos de derechos.
Salhaketa Nafarroa, Dar Etxea, PIM (Punto de Información para personas Migrantes), Apoyo Mutuo, Paris 365, Elkarte, Kontseilu Sozialista Iruñerria, Haritu, SOS Racismo Nafarroa.
–https://kaosenlared.net/la-operacion-karpi-y-la-teatralizacion-del-castigo/
Con Palestina:
-Ironman, presencia sionista ¡con Palestina!
Se celebra en Vitoria-Gasteiz el Ironman, con presencia de numerosos países, incluidos delegación sionista.
Para no blanquear el genocidio, algunos establecimientos, han dejado claro su rechazo a esta delegación, y su solidaridad con Palestina.
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-Muro de solidaridad y denuncias.