Muro de solidaridad y denuncias:
“50 años de libertad”:
-Torturados y torturadas en el franquismo y la ‘Transición’ piden al Tribunal Europeo y la ONU que obligue al Estado español a investigar.
1939-2025
Diversas organizaciones memorialistas, avaladas por un centenar de personas represaliadas (en algún caso con torturas en 1983), están impulsando una iniciativa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de las Naciones Unidas, para obligar a España a investigar las torturas cometidas durante la dictadura y la transición.
“Nos dirigimos a ustedes con el máximo respeto como personas que fuimos represaliadas durante el Tardofranquismo y la Transición por parte de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español, especialmente por la Brigada Político-Social. Las unidades represivas de la dictadura franquista perseguían, detenían y torturaban a opositores y opositoras políticas, así como a cualquier persona que la dictadura considerara contraria a los valores e identidad que promovía: personas del pueblo gitano, diversidades sexuales y/o de género, identidades nacionales, personas en situación de vulnerabilidad económica, trabajadoras sexuales, etc.
Han pasado ya 50 años desde la muerte del dictador Francisco Franco y también 50 años desde que las personas represaliadas y los colectivos de víctimas reclamamos justicia por los crímenes de lesa humanidad que sufrimos en carne propia. Nos hemos dirigido a responsables políticos, hemos organizado protestas, reclamado el acceso a los archivos policiales, participado en debates, conferencias y acciones de difusión, hecho pedagogía con las generaciones más jóvenes, interpuesto reclamaciones, promovido cambios legislativos, denunciado ante los tribunales, promovido o participado en películas y documentales… La respuesta, más allá de buenas palabras en alguna ocasión, ha sido siempre la misma: que los crímenes cometidos por las instituciones franquistas habían sido amnistiados y que no era posible investigarlos ni juzgarlos, que era mejor no remover el pasado. Hemos seguido luchando y algunas personas han llegado a instancias regionales o internacionales, como las que ustedes representan. Hasta ahora, estas instancias les han respondido que las reclamaciones llegan tarde, que deberían haberse interpuesto antes.
Ante esto, nosotros les preguntamos: ¿antes cuándo? ¿En los años 80, cuando todavía se practicaban torturas de forma sistemática y no se había depurado a los cuerpos policiales ni a los miembros del poder judicial franquista? ¿En los años 90, cuando apenas se empezaba a romper “el pacto del silencio” y, ante la absoluta inacción del Estado, concentrábamos nuestros esfuerzos en autoorganizarnos para recuperar la memoria de las atrocidades ocurridas durante la guerra y los primeros años de dictadura? ¿En la década de los 2000, cuando, mientras trabajábamos por una Ley de Memoria Histórica que acabaría siendo papel mojado, y empezábamos a acudir a los tribunales, se imputó y juzgó por prevaricación al primer magistrado que inició una investigación por los crímenes de la dictadura? Recordemos que es precisamente esa sentencia del Tribunal Supremo, del año 2012, la que blinda la impunidad y sienta las bases que impiden que se haga justicia hoy. ¿En los años 2010 en adelante, cuando colectivamente, a través de un grupo de víctimas, se acudió a Argentina para que, en virtud del principio de justicia universal, se investigaran allí los crímenes de lesa humanidad? Investigación que, aunque es importante y tiene una alta carga simbólica, hasta hoy no se ha traducido en un procedimiento efectivo de justicia debido a los obstáculos puestos desde las instancias estatales.
Después de todo esto, entre 2015 y 2020, ¿también es demasiado tarde entonces? ¿Cuando más de 100 víctimas interpusieron querellas por torturas en todo el Estado español, recibiendo como única respuesta su archivo y la perpetuación de la impunidad?
No ha sido hasta ahora, con la aprobación de la Ley estatal de Memoria Democrática en 2022, que por primera vez disponemos de un marco legislativo que, teóricamente, debería servir para dar respuesta a las largas demandas de justicia. Por eso, las personas que ahora presentamos formalmente esta demanda ante su organismo, iniciamos procedimientos penales en España pensando que, por fin, podríamos obtener justicia y reparación. Pero la respuesta de los tribunales ha sido la de siempre: la puerta está cerrada porque los hechos se consideran prescritos y hay una ley de amnistía del año 1977 que impide investigar los crímenes del franquismo, aunque sean considerados de lesa humanidad.
¿Qué más debe pasar? Muchas personas que sufrieron estos crímenes ya no están entre nosotros, han muerto sin que ningún juez las escuchara, sin que los responsables fueran juzgados. Nosotras seguimos vivas y seguimos aquí, pidiendo que las instancias regionales e internacionales impidan que el Estado español, a través de su sistema judicial, siga burlando los deberes que asumió al ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura; que impidan que, en pleno 2025, siga burlando los valores imprescriptibles de dignidad y justicia.
Con todo el respeto, pero también con toda la convicción, les pedimos que pongan fin a esta impunidad, porque nunca es tarde para hacer justicia, pero debe ser ahora, mientras aún estamos vivas, mientras los perpetradores aún pueden responder por los actos horribles (e imprescriptibles) que cometieron.
Asociación Héroes de la República y la Libertad – Cantabria, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón – ARMHA, Estat espanyol, Associació Catalana de Persones Ex Preses Polítiques del Franquisme, Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, Ateneu per la Memòria Popular, Comissió per la Dignitat, Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA), Fundación 14 de abril, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, La Comuna, Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista, Òmnium Cultural.
Criminalización:
-Sentencia ‘Rodea el Congreso’ de 2012:
Multas tras casi 13 años desde la criminalización.
Más de doce años después de las manifestaciones convocadas el 25 de septiembre de 2012 contra el Gobierno de Mariano Rajoy, que derivaron en disturbios y enfrentamientos con la Policía, la jueza ha dictado sentencia en un caso que contaba con 21 acusados.
La Audiencia de Madrid resuelve el macrojuicio a 21 personas por las protestas de 2012 con penas que no implican ingreso en prisión, multas y varias absoluciones, tras años de dilaciones y denuncias de abusos policiales.
Las mayores condenas han recaído sobre C.D.A y J.E.B.M. Ambos tendrán que abonar una multa de 540 euros por un delito de desórdenes públicos, en sustitución de un castigo de 45 días de prisión.
También deberán pagar multas de un total de 1.080 euros E.D.G y W.D.G, condenados por delitos de desórdenes púbicos y atentado a la autoridad, a lo que se unen indemnizaciones a agentes por 750 y 300 euros, respectivamente.
Por último, L.A.L ha sido condenado a abonar una multa de 270 euros por un delito de resistencia a la autoridad.
En todos los casos se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, que conlleva la reducción en dos grados de la pena a imponer, porque la causa ha estado paralizada por motivos no atribuibles a los acusados durante un acumulado de dos años y 10 meses y el juicio se celebró doce años después de los hechos.
De los 21 acusados, seis pactaron con la Fiscalía penas de hasta 11 meses de prisión, sustituibles por multas de hasta 1.320 euros, reconociendo delitos de desórdenes públicos y, en algunos casos, atentado a la autoridad. El resto de acusados, que no aceptaron el acuerdo, también han visto rebajadas notablemente las penas solicitadas, y varias personas han sido absueltas.
*Los acusados denunciaron violencia policial durante el juicio
Durante el juicio, celebrado el pasado mes de noviembre, los acusados defendieron su inocencia y denunciaron los malos tratos que aseguran que recibieron una vez que fueron detenidos, con amenazas y agresiones físicas por parte de los agentes. «Me estaban golpeando sin haber cometido un acto violento», llegó a decir uno de los manifestantes que fue retenido. «Un agente me gritó que me iba a volar la cabeza», señaló otra.
Por su parte, policías que acudieron a reprimir estas protestas declararon que sufrieron un hostigamiento por parte de los manifestantes, a los que acusaron de tener una actitud «muy violenta» y de utilizar escudos artesanales o palos contra ellos.