Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-Catalunya, en 2024, 5.730 despidos vía ERE.
En 2024, Catalunya registró 240 eres, con un total de 5.730 despidos, según datos del Departament de Treball de la Generalitat.
La mayoría de los expedientes (87,5%) se concentraron en la provincia de Barcelona, y casi la mitad (47%) se debieron a pérdidas económicas, con un cuarto de ellos afectando al sector industrial.
-Perfumerías San Remo cierra 6 tiendas en Barcelona y despide 21 trabajadoras.
La compañía registra el ERE de abril aduciendo causas económicas.
La compañía barcelonesa, en manos del grupo madrileño Nutritienda, cierra el procedimiento de extinción de empleos con indemnizaciones de 25 días por año trabajado y hasta 12 mensualidades.
Lo que ‘vendió’:
Perfumerías San Remo, conocida cadena barcelonesa de perfumerías, pasó a formar parte del madrileño grupo Nutritienda Healthcare & Beauty en verano de 2023, tras un proceso de compra. La barcelonesa aportaba presencia física en las provincias de Barcelona y Girona y la madrileña, con un marcado perfil de venta online, extendía su ámbito de actuación a España, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia y Portugal.
La realidad:
Cierra 6 tiendas de las 25 de la provincia y el ERE de despido afecta a 21 trabajadoras de 13 de las tiendas.
-El propietario de Sargadelos despide a tres trabajadores como respuesta a la Inspección de Trabajo.
El propietario alega que la fábrica no puede garantizar la seguridad de los empleados, por lo que procederá a suprimir puestos de trabajo y a reducir la producción.
Dos semanas después de poner fin al cierre unilateral de cuatro días y tras intentar mandar a la plantilla de vacaciones, el propietario de Sargadelos ha comunicado el despido a tres trabajadores en la fábrica de Cervo (Lugo), sobre la que pesa un expediente de la Inspección de Trabajo por deficiencias en materia de seguridad.
Dos trabajadoras de la emblemática firma de cerámica gallega desarrollaron silicosis y una inspectora de Trabajo detectó hasta 36 deficiencias, que reclama subsanar. Ese expediente fue el que provocó una reacción por parte del dueño de Sargadelos, Segismundo García, en forma de pulso, al asegurar que se ve “incapaz” de cumplir con “toda la normativa” para garantizar la salud de sus empleados e instar a la autoridad laboral a que sea ella la que “clausure” la planta.
Durante el tiempo que duró el cierre —literal, puesto que el propietario de la empresa no inició ningún expediente de regulación ni inició los trámites para cerrar el negocio—, el dueño planteó a la plantilla de producción firmar un documento según el cual accedía a la planta bajo su responsabilidad o aceptaba adelantar una parte de sus vacaciones.
Los tres despidos se corresponden con trabajadores del grupo de 12 personas que fueron las últimas en ser incorporadas a la planta después del cierre temporal.
Esclavismo laboral:
-Inspección de Trabajo sanciona con 850.000 euros a dos empresas que explotaban a migrantes en Lugo.
La Guardia Civil desmanteló en enero la red, que llevaba a personas migrantes desde el sur de España hasta Galicia, donde trabajaban sin contrato, debían pagar los desplazamientos y estaban alojados en un antiguo hotel sin licencia.
Los esclavizados trabajaban en una explotación de arándanos en Begonte (Lugo), una de las fincas más extensas de la provincia.
Fueron localizados 92 temporeros, de los cuales 82 eran ciudadanos extranjeros en situación irregular, sin permiso de residencia ni de trabajo.
La investigación permitió identificar un entramado empresarial que facilitaba la contratación irregular de los temporeros. Las empresas responsables de la explotación subcontrataban a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) con domicilio en Sevilla, que daba de alta ficticia a un número reducido de trabajadores en situación regular, mientras empleaba sin contrato al resto de los temporeros.
Como resultado de la operación, y tras recibir los preceptivos informes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), fueron investigadas tres personas. Ahora, trasciende la multa de casi 850.000 euros impuesta a dos empresas implicadas.
Residencias privadas:
-Ancianos confinados en sus habitaciones en DomusVi Laraxe, A Coruña, denuncian trabajadoras en huelga.
Las trabajadoras de residencias privadas y centros de día en A Coruña están protagonizando cuatro jornadas de huelga, en un pulso por mejorar unas condiciones laborales que califican de «denigrantes». La huelgas, que se repetirán (7) y el 21 de mayo, coincide en apoyo de la manifestación en Santiago el 26 de abril, donde exigieron un convenio que supere el salario mínimo interprofesional (SMI) y reduzca la carga asistencial.
La manga ancha de la Xunta a la hora de supervisar los asilos está provocando un deterioro del servicio. Como ejemplo ponen a DomusVi Laraxe donde «as residentes teñen que permanecer confinados nas súas habitacións ou, no mellor dos casos, nas plantas nas que están ubicados», debido a que se estropeó el ascensor.
«Aquí non pasa nada, a Xunta segue a mirar para outro lado e non exerce o seu labor inspectora e permite estas prácticas empresariais vergoñentas que mercantilizan e convirten aos coidados nun privilexio e están a converter ás residencias de maiores en fábricas de precariedade», se quejan las trabajadoras.
Siete grandes empresas del sector -entre las que está DomusVi, el grupo que compró las residencias que construyeron las antiguas cajas de ahorros- obtuvieron 1.664 millones de euros en beneficios en 2024, mientras las plantillas soportan sobrecargas físicas y emocionales sin formación específica para atender a usuarios con patologías psiquiátricas.
Las protestas están provocando represalias por algunas empresas, según la versión sindical. Denuncian que en la residencia Mi Casa de Ferrolterra la dirección ha amonestado a trabajadoras que cumplieron con los servicios mínimos durante la primera huelga del 10 de abril y denuncian «actitudes despóticas». Han desplegado piquetes informativos frente al centro.
Sinvergüenzas:
-Carlos Herrera dejó de tributar dos millones en IRPF usando un “entramado empresarial”.
La Audiencia Nacional sentencia que el locutor de la Cadena COPE, cuando trabajó para Onda Cero entre 2006 y 2007, pagó menos IRPF del que le correspondía al gestionar sus ingresos a través de hasta 4 sociedades instrumentales.
La decisión llega después de una primera sentencia del Supremo que ya sancionó en firme está práctica del hoy director de las mañanas de la COPE. Esta nueva resolución judicial de la Audiencia Nacional todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo.
En 2006 sus empresas le terminaron pagando 394.000 euros y en 2007 esa cantidad llegó a los 402.000 euros, pero el valor real de su trabajo era mucho mayor según Hacienda y los jueces: más de dos millones el primero año y 1,7 millones el segundo. Todo el dinero que no fue directamente a sus bolsillos circuló entre sus empresas y tributó por los tipos más bajos del Impuesto de Sociedades.