Presos políticos escriben:
-Pablo Hasel
Abril 2025
C.P. Ponent
LA CHISPA DE LA VIVIENDA
Las manifestaciones masivas en numerosas ciudades de todo el Estado contra los precios tan abusivos de la vivienda, aún con todas sus limitaciones marcan un antes y un después. La vulneración sistemática de este derecho, de esta necesidad básica y urgente que afecta a tantos millones de personas que empiezan a hartarse, indica que las protestas y luchas aumentarán ante la falta de soluciones del Estado y su Gobierno. Nerviosos por el creciente cabreo y el potencial de las masas, los representantes del Régimen han vuelto a hacer lo que hacen siempre para tratar de calmar las calles: repartir cuatro limosnas contadas, propagar falsas promesas y emplear a sus «periodistas” para manipular. Pero tienen escaso recorrido con semejante contexto y sectores cada día más amplios que a base de golpes de realidad comprueban que este Estado y sus politicuchos no representan sus intereses.
La colosal estafa de Gobierno «progresista» sumó muchísimos votos repitiendo hasta la saciedad que iban a solucionar esta y otras problemáticas. Lejos de hacerlo los precios de los alquileres no han dejado de subir (un 20,9% los últimos dos años y un 58% entre 2015 y 2023), la Ley de Vivienda que no pasaba de insultante limosna ni siquiera se cumple, no se ha construido ni un 10% de toda la vivienda pública prometida, el alquiler social solo supone un 2,5% del total, existen 400.000 pisos turísticos, hay cerca de 4 millones de viviendas vacías, los desahucios siguen siendo diarios y dos de cada tres jóvenes entre 18 y 34 años tienen que vivir con sus padres. No se puede servir a los especuladores como la banca que ha vuelto a batir récords de beneficios (¡más de 30.000 millones!), a los grandes tenedores y a los fondos buitres de inversión, y a la vez garantizar el derecho a una vivienda digna. O una cosa o la otra, pues son estos quienes la convierten en un negocio a costa del sufrimiento ajeno. Y los timadores de la Moncloa han dejado muy claro en qué bando están.
Para no abordar la raíz del problema y evitar poner el acento en el chollo de la especulación para una minoría de parásitos, los medios financiados por la banca, las grandes empresas y otros culpables, hablan a todas horas de la ocupación como si fuera el principal problema. Ocultando que solo el 0,05% de casas habitadas están ocupadas y que aún un porcentaje muchísimo menor corresponde a segundas residencias de pequeños propietarios. También explica mucho que estos medios reciban dinero por publicidad de empresas de alarmas. Así, su intoxicación hace creer a muchas personas que tienen un serio riesgo de que les ocupen la vivienda cuando se van de vacaciones o a comprar el pan. Omitiendo que el verdadero peligro es que un día puedan desahuciarlos por no poder pagar, que sus hijos no puedan independizarse en condiciones decentes o que los grandes fondos de inversión los expulsen de sus barrios.
Estos fondos de inversión multimillonarios como Blackstone, Goldman Sachs y Vanguard acumulan muchas decenas de miles de propiedades. Adquieren propiedades, especulan con los precios de la venta y del alquiler y contribuyen a la subida de precios del mercado local. Entre 2013 y 2021 el fondo Blackstone adquirió 30.000 viviendas en el Estado español. Las zonas donde poseen numerosas propiedades experimentan un aumento de hasta un 50% en los precios del alquiler, desalojando así a la mayoría de los vecinos que no pueden permitírselo. Entre 2012 y 2016 el Estado y la banca vendieron cerca de 120.000 propiedades a precios bajos a los fondos de inversión, provocando un grave perjuicio al acceso a la vivienda fomentando que se disparasen los precios. Un dato que pone en evidencia que las políticas capitalistas son incompatibles con el bienestar de la mayoría. Como que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la ley 1/2022 conquistada por la lucha en las calles principalmente de la PAH, que obligaba a ofrecer alquiler social en caso de necesidad.
En vez de garantizar el derecho a la vivienda digna, el Gobierno permite que campen a sus anchas empresas de desocupación plagadas de fascistas que, con el amparo de la judicatura y los cuerpos represivos, se saltan la legalidad impunemente con prácticas mafiosas. Nada sorprendente cuando el primero que incumple su propia legalidad es el Estado que los cobija. Entre otras cosas porque su Constitución, que tanto llevan en la boca exclusivamente con los puntos que les convienen, dice garantizar este derecho entre otros que se pasan por el forro. ¿Con qué legitimidad nos exigen que respetemos nosotros su legalidad, si esta encima con represión nos impide defender la dignidad que nos pisotean y secuestran? El Ministerio de Interior dirigido por el infame Marlaska, condenado por el Tribunal Europeo en varias ocasiones por no investigar torturas, ha permitido que la empresa de desocupación más conocida, cuyo líder difunde discursos de odio y bulos constantes contra la inmigración, imparta cursos de seguridad a uno de los principales sindicatos policiales.
Ya uno de los padres del Comunismo, F. Engels, decía en 1873 en su vigente Contribución al problema de la vivienda: «La penuria de la vivienda para los obreros y para una parte de la pequeña burguesía de nuestras grandes ciudades modernas, no es más que uno de los innumerables males originados por el actual modo de producción capitalista». Cabe recordarlo cuando tantos reformistas defensores del capitalismo venden que es un fallo reparable del sistema y no parte esencial de este. Pues en la dictadura del capital todo está organizado para garantizar las cuantiosas ganancias de los especuladores y explotadores a costa de empobrecer a la clase obrera y a los sectores populares. De ahí que solo conquistando una República Popular despojando del poder a los capitalistas, pueda garantizarse el derecho a una vivienda digna junto a tantos otros derechos fundamentales para vivir bien. En los Estados socialistas la vivienda era gratuita o prácticamente, pues la riqueza generada con el trabajo no era saqueada por capitalistas, sino que el Estado en manos de los trabajadores la invertía en el bienestar colectivo.
Bajo este sistema depredador podremos conquistar mejoras, más cuanta más firmeza y combatividad tenga la lucha. También en el terreno de la vivienda se han logrado concesiones con movilizaciones que han evitado que muchas personas acaben en la calle. Pero sin tener el poder con una República Popular, correrán riesgo de ser arrebatadas y serán muy insuficientes. A corto-medio plazo un potente movimiento de lucha por la vivienda en las calles puede arrancar que se bajen los alquileres, se construya mucha más vivienda social y no tenga que destinarse todo o prácticamente todo el sueldo a pagarla. Pero para eso es imprescindible que los oportunistas culpables pro Gobierno u otros apagafuegos no controlen las protestas anulando su desarrollo combativo como sucede a menudo. Desenmascarar las ilusiones electorales, el legalismo pacifista y el conformismo que blanquea falsas soluciones indignas. Así la lucha por la vivienda podrá ser una de las chispas, o la principal, que prendan los estallidos sociales que confluyendo con otras luchas señalen y combatan al Estado en su conjunto. Otra oportunidad ineludible.
Defender a los presos políticos:
