{"id":120331,"date":"2026-02-13T00:00:00","date_gmt":"2026-02-12T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.presos.org.es\/?p=120331"},"modified":"2026-02-11T08:56:32","modified_gmt":"2026-02-11T07:56:32","slug":"italia-paquete-de-medidas-de-seguridad-o-estado-policial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/2026\/02\/13\/italia-paquete-de-medidas-de-seguridad-o-estado-policial\/","title":{"rendered":"Italia. \u00bfPaquete de medidas de seguridad o estado policial?"},"content":{"rendered":"\n
\"\"
Cartel de denuncia.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Internacional:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Italia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

-\u00bfSeguridad o estado policial?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El paquete de medidas de seguridad que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros no es simplemente un conjunto de normas t\u00e9cnicas. Es un mensaje pol\u00edtico compacto, y en parte brutal, que transmite una idea precisa de la sociedad: una sociedad en la que el orden p\u00fablico se convierte en la lente principal a trav\u00e9s de la cual se interpretan los conflictos, los barrios perif\u00e9ricos, las migraciones e incluso la adolescencia. Un paquete dividido en dos actos, un decreto ley de aplicaci\u00f3n inmediata y un proyecto de ley que seguir\u00e1 el proceso parlamentario, pero con un objetivo com\u00fan: avanzar a\u00fan m\u00e1s en el umbral del control y normalizar lo que hasta ayer se consideraba excepcional.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n de utilizar tanto un decreto como un proyecto de ley no es neutra. El decreto sirve para poner en marcha de inmediato las medidas m\u00e1s delicadas y simb\u00f3licas, las que afectan directamente a la libertad de manifestaci\u00f3n, a la gesti\u00f3n del orden p\u00fablico y a la construcci\u00f3n del \u00abenemigo interno\u00bb. El proyecto de ley, por su parte, recoge las normas que requieren un trabajo de ajuste pol\u00edtico y medi\u00e1tico, las m\u00e1s ideol\u00f3gicas o las m\u00e1s expuestas al riesgo de objeciones institucionales. Se trata de una estrategia ya reconocible: primero se cambia el clima y luego se consolidan los cimientos.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los puntos centrales es el escudo penal<\/strong>, definido de forma t\u00e9cnicamente m\u00e1s prudente que en las anticipaciones iniciales, pero, precisamente por ello, potencialmente m\u00e1s penetrante. No solo afecta a las fuerzas del orden, como cabr\u00eda esperar en un sistema cl\u00e1sico de protecci\u00f3n de los agentes, sino que se extiende a todos los ciudadanos. El principio es que quien cometa un delito en presencia de una \u00abcausa evidente de justificaci\u00f3n\u00bb no sea inscrito autom\u00e1ticamente en el registro de investigados ordinario, sino en un registro separado, con garant\u00edas formalmente an\u00e1logas, pero con una v\u00eda preferente que deber\u00eda conducir a un r\u00e1pido archivo, en un plazo de treinta d\u00edas, salvo valoraci\u00f3n diferente del fiscal. La decisi\u00f3n final sobre la justificaci\u00f3n sigue recayendo en un magistrado, y esta es la cl\u00e1usula que se utiliza para tranquilizar. Pero la cuesti\u00f3n pol\u00edtica es otra: se construye una idea de legitimidad preventiva del uso de la fuerza, una anticipaci\u00f3n de confianza hacia quienes reaccionan, hacia quienes \u00abse defienden\u00bb, hacia quienes afirman haber actuado en un contexto percibido como amenazante. En un pa\u00eds ya atravesado por una ret\u00f3rica del miedo y por un racismo social que a menudo decide qui\u00e9n es cre\u00edble y qui\u00e9n no, un escudo penal ampliado corre el riesgo de producir un efecto selectivo. No protege gen\u00e9ricamente a \u00ablos ciudadanos\u00bb: protege sobre todo a quienes ya son reconocidos como ciudadanos de pleno derecho y tiende a hacer a\u00fan m\u00e1s vulnerables a quienes son percibidos como extranjeros, j\u00f3venes, marginales, migrantes.<\/p>\n\n\n\n

El otro pilar es la detenci\u00f3n preventiva<\/strong>, que se incluye en el decreto en la versi\u00f3n revisada tras las observaciones del presidente de la Rep\u00fablica. Y es importante se\u00f1alar este paso, porque refleja la din\u00e1mica con la que el umbral de lo posible se empuja siempre un poco m\u00e1s all\u00e1. El borrador original era m\u00e1s agresivo, m\u00e1s abiertamente orientado a la sospecha. La nueva redacci\u00f3n introduce l\u00edmites: la detenci\u00f3n, con motivo de manifestaciones p\u00fablicas, podr\u00e1 durar un m\u00e1ximo de doce horas y solo podr\u00e1 afectar a personas con antecedentes espec\u00edficos y\/o que se encuentren en posesi\u00f3n de armas u objetos aptos para causar da\u00f1o. Ya no bastar\u00e1, al menos formalmente, con la vaga idea de que alguien \u00abpuede\u00bb ser peligroso, ni con la vestimenta considerada adecuada para el disfraz. La detenci\u00f3n deber\u00e1 comunicarse sin demora al magistrado de guardia, que podr\u00e1 verificar si se dan las condiciones legales y, en caso contrario, ordenar la liberaci\u00f3n inmediata. Esta es la versi\u00f3n que intenta respetar el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n. Pero sigue siendo un hecho enorme: se introduce un mecanismo que convierte la plaza en un lugar donde la libertad personal puede ser restringida de forma preventiva. La protesta, en lugar de ser protegida como un derecho, se trata como un contexto excepcional, un territorio en el que la l\u00f3gica ya no es \u00abcastigar a quien comete un delito\u00bb, sino \u00abretener a quien podr\u00eda cometerlo\u00bb. Es precisamente aqu\u00ed donde la criminalizaci\u00f3n de la disidencia se hace realidad: no porque se proh\u00edba formalmente manifestarse, sino porque se crea un r\u00e9gimen en el que participar en una manifestaci\u00f3n significa aceptar un riesgo adicional, la posibilidad de ser detenido y retenido, sobre todo si se pertenece a categor\u00edas ya marcadas como sospechosas.<\/p>\n\n\n\n

El decreto tambi\u00e9n interviene en el tema de los controles policiales con la introducci\u00f3n de un delito espec\u00edfico para quienes no se detienen ante la orden de las fuerzas del orden <\/strong>y huyen poniendo en peligro la seguridad p\u00fablica. Tambi\u00e9n en este caso, la medida puede parecer, a primera vista, razonable: nadie quiere persecuciones peligrosas o fugas que pongan en riesgo vidas humanas. Pero dentro de la arquitectura general, esta norma asume otra funci\u00f3n: aumenta el \u00e1mbito de la punibilidad vinculada no tanto a un da\u00f1o efectivo como al comportamiento, a la din\u00e1mica de la interacci\u00f3n con la polic\u00eda. Y cuando se multiplican las ocasiones de control, como ocurre con las zonas rojas y con la gesti\u00f3n securitaria del espacio urbano, tambi\u00e9n se multiplican las situaciones en las que un gesto, una reacci\u00f3n, un miedo pueden convertirse en un delito.<\/p>\n\n\n\n

Las zonas rojas<\/strong>, de hecho, vuelven a ser un instrumento central. Se prev\u00e9 su creaci\u00f3n en las zonas consideradas de mayor riesgo, como las estaciones, con el objetivo declarado de prevenir la degradaci\u00f3n y la delincuencia. Pero la l\u00f3gica real es la de la selecci\u00f3n: establecer que hay lugares de la ciudad donde la mera presencia se convierte en un problema, donde algunas personas son toleradas y otras no. Las zonas rojas no resuelven el malestar, no curan las causas de la marginaci\u00f3n, no reducen la violencia social. La desplazan, la ocultan, la reprimen. Y, sobre todo, producen un efecto cultural: normalizan la idea de que la ciudad se puede recorrer de forma diferente seg\u00fan qui\u00e9n seas, c\u00f3mo te vistas, cu\u00e1ntos a\u00f1os tengas, qu\u00e9 cara tengas, qu\u00e9 acento tengas.<\/p>\n\n\n\n

Dentro de este sistema tambi\u00e9n encuentra cabida la obsesi\u00f3n contempor\u00e1nea por la \u00abemergencia menores\u00bb<\/strong>, que el Gobierno utiliza como narrativa clave para legitimar una pol\u00edtica punitiva. La norma introduce una prohibici\u00f3n m\u00e1s clara de la venta a menores de dieciocho a\u00f1os de cuchillos y objetos aptos para causar da\u00f1o, y prev\u00e9 sanciones administrativas de hasta doce mil euros para los vendedores, incluidos los online, con la posibilidad de suspensi\u00f3n o revocaci\u00f3n de la licencia. Pero no se detiene ah\u00ed. Se introduce la posibilidad de detenci\u00f3n en flagrante<\/strong> y de adopci\u00f3n de medidas cautelares tambi\u00e9n para los menores encontrados en posesi\u00f3n de cuchillos. Y, sobre todo, se prev\u00e9n sanciones administrativas \u00abcolaterales\u00bb muy severas: a un menor sorprendido con una navaja en el bolsillo se le podr\u00e1 suspender el carn\u00e9 de conducir o el pasaporte y, en el caso de los extranjeros, incluso el permiso de residencia. Se trata de un paso muy grave, porque crea un derecho diferencial: el mismo comportamiento produce consecuencias diferentes en funci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica. Y cuando el permiso de residencia se convierte en un arma sancionadora, la seguridad ya no es una cuesti\u00f3n penal: se convierte en un mecanismo de disciplina social y de exclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Es en este punto donde la etiqueta \u00abmaranza\u00bb (1), evocada como si fuera un fen\u00f3meno natural, revela su funci\u00f3n pol\u00edtica. No describe: designa. No analiza: marca. Y marcar significa producir una clase peligrosa. El joven, sobre todo si es perif\u00e9rico y a menudo si es migrante o hijo de migrantes, es tratado como un sujeto a neutralizar antes que a comprender. La pol\u00edtica, en lugar de abordar la crisis educativa, la pobreza, el abandono escolar, la segregaci\u00f3n urbana, elige el atajo del c\u00f3digo penal. Es m\u00e1s sencillo, m\u00e1s comunicable, m\u00e1s vendible en televisi\u00f3n. Y tambi\u00e9n es m\u00e1s devastador.<\/p>\n\n\n\n

En el proyecto de ley tambi\u00e9n se mantienen medidas pensadas para la llamada \u00abresponsabilizaci\u00f3n de los padres\u00bb <\/strong>de los menores involucrados en actos delictivos. La f\u00f3rmula parece razonable, casi moral. En realidad, es una construcci\u00f3n clasista y punitiva: significa transferir la culpa, convertir la desviaci\u00f3n en un hecho familiar, castigar econ\u00f3micamente a quienes a menudo ya son fr\u00e1giles. Es la misma l\u00f3gica que atraviesa todo el paquete: no tratar las causas, sino castigar los s\u00edntomas, y hacerlo de la manera m\u00e1s visible posible.<\/p>\n\n\n\n

Paralelamente, el paquete interviene en la inmigraci\u00f3n<\/strong> con una doble estrategia. El decreto incluye normas para agilizar y hacer m\u00e1s ejecutables las expulsiones de inmigrantes irregulares, en particular de aquellos que no respetan la orden de abandonar el pa\u00eds en un plazo de siete d\u00edas contenida en la hoja de expulsi\u00f3n. A la segunda infracci\u00f3n, los jefes de polic\u00eda podr\u00e1n proceder directamente a la repatriaci\u00f3n. El tema se presenta como una medida de eficiencia administrativa, pero en realidad aumenta el poder discrecional y reduce el \u00e1mbito de las garant\u00edas. Cuando la repatriaci\u00f3n se convierte en un automatismo acelerado, se corre el riesgo de que la persona desaparezca del \u00e1mbito de los derechos y sea tratada como un objeto log\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n

En cambio, en el proyecto de ley se mantienen las normas que restringen la reunificaci\u00f3n familiar y las que retoman, con una forma jur\u00eddica m\u00e1s elaborada, la obsesi\u00f3n por el bloqueo naval. De hecho, se prev\u00e9 la posibilidad de prohibir el cruce de las aguas territoriales durante per\u00edodos de entre treinta d\u00edas y seis meses en caso de amenazas al orden p\u00fablico o a la seguridad nacional. Se trata de una norma deliberadamente el\u00e1stica, basada en conceptos vagos como \u00abamenaza\u00bb y \u00aborden p\u00fablico\u00bb, que pueden ampliarse en funci\u00f3n del clima pol\u00edtico y medi\u00e1tico del momento. Y es precisamente esta vaguedad lo que hace que la medida sea peligrosa: no porque se vaya a utilizar a diario, sino porque se puede utilizar cuando convenga y porque, mientras tanto, cambia el horizonte. La migraci\u00f3n se trata definitivamente como una cuesti\u00f3n de defensa, no de derechos, y el mar como una frontera militar, no como un espacio de rescate.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n deber\u00edan incluirse medidas sobre los flujos migratorios con devoluciones forzosas<\/strong>, medida sobre la que el Quirinal habr\u00eda expresado sus reservas. Y este detalle, aparentemente t\u00e9cnico, es pol\u00edticamente revelador. El Quirinal rara vez interviene de forma expl\u00edcita, y cuando lo hace significa que el umbral de compatibilidad constitucional se ha traspasado demasiado. Pero la din\u00e1mica ya est\u00e1 probada: se propone una versi\u00f3n extrema, se reciben cr\u00edticas, se corrige lo necesario para que se apruebe y, al final, queda un sistema m\u00e1s duro que el anterior. Es la pol\u00edtica como avance gradual de la excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Entre todas estas medidas, tambi\u00e9n se encuentra el endurecimiento de las penas para algunos delitos contra el patrimonio<\/strong>, como los robos en viviendas, con el aumento de las penas m\u00ednimas y m\u00e1ximas. Tambi\u00e9n en este caso, el mensaje es sencillo: m\u00e1s c\u00e1rcel, m\u00e1s severidad. Pero el efecto real es discutible, porque la historia de la justicia penal ense\u00f1a que el endurecimiento de las penas no reduce autom\u00e1ticamente los delitos. M\u00e1s bien sirve para reforzar la imagen de un gobierno \u00abduro\u00bb, para producir una sensaci\u00f3n de control. Y mientras tanto, se sigue sobrecargando un sistema penitenciario ya en crisis, mientras que la verdadera delincuencia, la econ\u00f3mica, la organizada, la que devora los recursos p\u00fablicos y los derechos, suele quedar al margen del discurso securitario.<\/p>\n\n\n\n

Al final, lo que surge es un dise\u00f1o coherente. La disidencia se trata como un problema de orden p\u00fablico, la marginalidad como un riesgo, la juventud como una alarma, la migraci\u00f3n como una amenaza. Y sobre esta base se construye un sistema en el que la polic\u00eda tiene m\u00e1s herramientas, m\u00e1s margen de discrecionalidad, m\u00e1s posibilidades de intervenci\u00f3n preventiva, mientras que el ciudadano \u2014especialmente el que no encaja en los c\u00e1nones del ciudadano \u00abcorrecto\u00bb\u2014 tiene menos espacios, menos protecciones, menos presunci\u00f3n de inocencia social.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, lo m\u00e1s inquietante no es la norma en s\u00ed misma, sino el clima que estas normas producen y consolidan. <\/strong>Porque un pa\u00eds no se vuelve autoritario solo cuando proh\u00edbe formalmente la protesta o cuando suspende abiertamente la Constituci\u00f3n. Se vuelve autoritario cuando se acostumbra a la idea de que la libertad est\u00e1 condicionada, que la excepci\u00f3n es normal, que algunas personas son sospechosas por naturaleza, que la fuerza es m\u00e1s cre\u00edble que el derecho. Y cuando uno se acostumbra, el siguiente paso ya no causa esc\u00e1ndalo.<\/p>\n\n\n\n

Este paquete de medidas de seguridad no promete realmente m\u00e1s seguridad. Promete algo m\u00e1s preciso y m\u00e1s inquietante: el cierre progresivo de los espacios de libertad pol\u00edtica y social<\/strong>. No se trata de una simple ampliaci\u00f3n de los poderes de control, sino de un intento de redise\u00f1ar el per\u00edmetro de lo que es leg\u00edtimo hacer, decir, atravesar, contestar. Es la transformaci\u00f3n de la plaza, la calle, la periferia e incluso la adolescencia en territorios sospechosos, donde la libertad ya no es un derecho pleno, sino una concesi\u00f3n revocable.<\/p>\n\n\n\n

Y, sobre todo, este sistema construye y consolida nuevas \u00abclases peligrosas\u00bb<\/strong>, como se hac\u00eda en los peores momentos de la historia europea: j\u00f3venes, pobres, migrantes, hijos de los suburbios, figuras sociales tratadas no como ciudadanos, sino como presencias que hay que disciplinar. La disidencia se reescribe como perturbaci\u00f3n, la marginalidad como amenaza, la diferencia como riesgo. Es un retorno a la l\u00f3gica del Antiguo R\u00e9gimen, donde el orden no coincide con la justicia sino con la jerarqu\u00eda, y donde el Estado no garantiza derechos: selecciona cuerpos, controla territorios, castiga identidades.<\/p>\n\n\n\n

La cuesti\u00f3n, entonces, no es solo que \u00abel control rara vez da marcha atr\u00e1s\u00bb. La cuesti\u00f3n es que, una vez normalizada esta cultura pol\u00edtica, lo que no da marcha atr\u00e1s es el umbral mismo de la democracia. Porque cuando el Estado se acostumbra a gobernar mediante el miedo y la represi\u00f3n preventiva, no est\u00e1 protegiendo a la sociedad: le est\u00e1 ense\u00f1ando a respirar en menos espacio.<\/p>\n\n\n\n

(1) Maranza es un t\u00e9rmino utilizado habitualmente y de forma gen\u00e9rica para referirse a un joven de segunda generaci\u00f3n, casi siempre var\u00f3n, en muchos casos nacido en Italia y con or\u00edgenes norteafricanos o norteafricano emigrado a Italia, ruidoso y que suele expresarse con jerga vulgar y actitudes callejeras, identificable tambi\u00e9n por su vestimenta. Esta definici\u00f3n ha coincidido con la difusi\u00f3n y circulaci\u00f3n del t\u00e9rmino tambi\u00e9n en los medios de comunicaci\u00f3n, con una acepci\u00f3n negativa, intolerante y prejuiciosa.<\/p>\n\n\n\n

–https:\/\/www.osservatoriorepressione.info\/sicurezza-tutte-le-misure-del-decreto-e-del-disegno-di-legge\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

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