{"id":46875,"date":"2020-06-18T00:00:04","date_gmt":"2020-06-17T22:00:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.presos.org.es\/?p=46875"},"modified":"2020-06-16T07:41:09","modified_gmt":"2020-06-16T05:41:09","slug":"honduras-sus-carceles-reino-de-la-violencia-el-militarismo-y-el-abandono-absoluto-dos-articulos-muy-interesantes","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/2020\/06\/18\/honduras-sus-carceles-reino-de-la-violencia-el-militarismo-y-el-abandono-absoluto-dos-articulos-muy-interesantes\/","title":{"rendered":"Honduras: sus c\u00e1rceles, reino de la violencia, el militarismo y el abandono absoluto. Dos art\u00edculos muy interesantes."},"content":{"rendered":"\n
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Foto. Ni\u00f1o en la puerta de una c\u00e1rcel hondure\u00f1a.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Prisiones\nde Honduras: <\/strong>\n<\/p>\n\n\n\n

El reino de precariedad, violencia y militarismo al que lleg\u00f3 la pandemia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

*A trav\u00e9s de un cuestionario se realiz\u00f3 una evaluaci\u00f3n m\u00e9dica a 70 personas privadas de libertad que compart\u00edan m\u00f3dulo con Rafael Herrera, que ten\u00eda 52 a\u00f1os y fue el primer fallecido por COVID-19 en la c\u00e1rcel de m\u00e1xima seguridad El Pozo. La informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo se contagi\u00f3 y lo que pasa en todo el sistema penitenciario es incierta y est\u00e1 vedada. El Instituto Nacional Penitenciario (INP) pone en duda el diagn\u00f3stico, ya que la prueba confirmatoria de coronavirus se realiz\u00f3 tres d\u00edas despu\u00e9s de su muerte, el pasado 23 de abril. Un mes despu\u00e9s, en la Penitenciar\u00eda Nacional ubicada en T\u00e1mara, a 19 kil\u00f3metros de Tegucigalpa, se identific\u00f3 otro caso positivo. Las autoridades aducen que fue una persona que ingres\u00f3 el 30 de abril al recinto y que fue puesta en cuarentena. Se ha decretado el cierre temporal de esta prisi\u00f3n y no se admiten nuevos reclusos, tal como ocurri\u00f3 con las instalaciones donde falleci\u00f3 Herrera.

Honduras tiene una poblaci\u00f3n penitenciaria de m\u00e1s de 22.000 personas, distribuida en 25 centros penales y tres anexos en sedes militares, con fallas de infraestructura y en condiciones de hacinamiento. Este es uno de los pa\u00edses m\u00e1s violentos del mundo, con una tasa de 43,6 homicidios por cada 100.000 habitantes y con una alta incidencia del delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita, narcotr\u00e1fico y extorsi\u00f3n. La c\u00e1rcel de El Pozo est\u00e1 destinada a recluir a los condenados por esos delitos.

El 17 de diciembre de 2019, el Ministro de la Presidencia, Ebal D\u00edaz, anunci\u00f3 que debido a la crisis que atravesaba el sistema penitenciario, este pasar\u00eda a ser administrado por las Fuerzas Armadas en coordinaci\u00f3n con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina). Esta medida fue tomada despu\u00e9s del asesinato del exdirector de El Pozo, Pedro Idelfonso Armas, que hab\u00eda sido suspendido de su cargo despu\u00e9s de que el recluso Magdaleno Meza fuera asesinado en esa prisi\u00f3n. La junta interventora est\u00e1 a cargo del INP y del Instituto Nacional para la Atenci\u00f3n a Menores Infractores. El coronel de infanter\u00eda Jos\u00e9 A. Gonz\u00e1lez Maradiaga, es el nuevo director del INP.

El Pozo, est\u00e1 ubicada en Ilama, en el departamento de Santa B\u00e1rbara, a 241 kil\u00f3metros de Tegucigalpa, la capital de Honduras y tiene capacidad para 1.550 internos. En los \u00faltimos dos a\u00f1os, en esta c\u00e1rcel se han registrado seis asesinatos. En octubre de 2018 hubo un enfrentamiento en el m\u00f3dulo de m\u00ednima seguridad donde murieron dos reclusos. Y en junio de 2019, durante una protesta dentro de la c\u00e1rcel, fueron ultimados dos miembros de la mara Salvatrucha. Ese mismo a\u00f1o, en octubre, un recluso fue encontrado asfixiado y el reconocido narcotraficante Magdaleno Funez fue asesinado. El video de este hecho se filtr\u00f3 a medios de comunicaci\u00f3n.

Tres cosas destacan de la situaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n penitenciaria hondure\u00f1a: las condiciones de hacinamiento en la que viven, el poder que llegan a ejercer los grupos criminales desde su interior y el intento del Estado por recuperar el control.

La muerte de Herrera por COVID-19 en El Pozo debi\u00f3 poner en alerta a todo el sistema penitenciario, pero la informaci\u00f3n sobre lo que all\u00ed pasa es imprecisa. La Ministra de Salud, Alba Consuelo Soto, dijo a esta periodista que no sab\u00eda cu\u00e1ntas pruebas se hicieron, pero confirm\u00f3 que s\u00ed se hab\u00edan realizado PCR y que todas hab\u00edan dado negativo hasta el momento.

Realizamos una solicitud de informaci\u00f3n en el sistema del Instituto de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica para que la Secretar\u00eda de Salud respondiera con los datos exactos sobre las pruebas realizadas en las c\u00e1rceles en alerta por COVID-19. La instituci\u00f3n dijo que en Ilama se realizaron 9 pruebas PCR m\u00e1s la realizada al fallecido y que en la Penitenciar\u00eda Nacional de T\u00e1mara han realizado 13. En el primer caso, 70 internos compart\u00edan m\u00f3dulo con el fallecido por COVID-19 y, en el caso de T\u00e1mara, aloja a 7.000 internos. La portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, inform\u00f3 que los m\u00e9dicos del Sistema Nacional de Riesgo (Sinager) fueron a Ilama y que dise\u00f1aron el protocolo de bioseguridad para el sistema penitenciario que se ha implementado en todos los centros. \u00abLos privados de libertad no est\u00e1n teniendo contacto con personas externas, no est\u00e1n recibiendo visitas ni de familiares ni abogados, no se les est\u00e1 sacando a hospitales ni a juzgados, el personal de seguridad ha estado confinado all\u00ed, el personal administrativo no tiene contacto con ellos, por eso estamos pidiendo una investigaci\u00f3n\u00bb, afirma Aguilar. En contraste con esa posici\u00f3n oficial, la directora del Comit\u00e9 Nacional para la Prevenci\u00f3n de la Tortura (Conaprev), Glenda Ayala, asegura que la Secretar\u00eda aplic\u00f3 un cuestionario y que las pruebas realizadas en Ilama fueron a cuatro presos que compart\u00edan celda con el fallecido, a un polic\u00eda militar, al m\u00e9dico, a la enfermera y a una persona de aseo de la cl\u00ednica del centro penal, todas con resultado negativo. A pesar de la pandemia y un muerto por coronavirus, la Junta Interventora militar no acata las disposiciones del Poder Judicial. El 30 de abril, el Poder Judicial public\u00f3 un comunicado en el que denunci\u00f3 que el INP no hab\u00eda acatado una resoluci\u00f3n que orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de pruebas a todos los privados de libertad para identificar casos de COVID-19.

Despu\u00e9s de la muerte de Herrera, el CONAPREV visit\u00f3 El Pozo. Los funcionarios de este organismo estatal constataron con los privados de libertad que compart\u00edan m\u00f3dulo con el fallecido, que el personal de seguridad, los polic\u00edas militares que vigilan los accesos, fueron cambiados 15 d\u00edas antes. Seg\u00fan Ayala, esto pudo haber sido un factor de riesgo para que el virus llegara al recinto y asegur\u00f3 que, diez d\u00edas antes de morir, Herrera fue atendido por un m\u00e9dico que le dio tratamiento para una enfermedad respiratoria, pero \u00e9ste no le dio mayor seguimiento.

El riesgo de contagio en las c\u00e1rceles es un tema de preocupaci\u00f3n para los expertos en Am\u00e9rica Latina. En las \u00faltimas semanas se han registrado incidentes en Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panam\u00e1, Per\u00fa, Rep\u00fablica Dominicana y Uruguay. Seg\u00fan un estudio de Pedro Rodr\u00edguez y Patricia Dom\u00ednguez, publicado el 22 de abril pasado, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay al menos 1,2 millones de personas que cumplen penas de prisi\u00f3n en la regi\u00f3n: \u00abla mayor\u00eda en c\u00e1rceles sobrepobladas, donde las malas condiciones aumentan los riesgos de infecci\u00f3n\u00bb.

Lo anterior describe muy bien la situaci\u00f3n de Honduras. En 2019, un informe de CONAPREV, el Poder Judicial y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, difundido por el Centro de estudios para la democracia, revel\u00f3 que en El Pozo hab\u00edan 1.804 privados de libertad y para resguardarlos se contaba con 140 miembros de la Polic\u00eda Militar, 52 agentes penitenciarios y 20 de la Fuerza de Control Penitenciario. Solo el 37% de la poblaci\u00f3n carcelaria en este recinto tiene condenas y no hay una separaci\u00f3n en las celdas que distinga a los procesados de los sentenciados y entre los que cometen delitos graves y los que ingresan por leves. El Juzgado de Ejecuci\u00f3n Penal inform\u00f3 que la poblaci\u00f3n penal en este presidio es de 1.400 personas, 150 menos que su capacidad f\u00edsica. A pesar de no estar sobrepasado en su capacidad, las condiciones carcelarias de este centro han causado reclamos de los familiares de los detenidos. En 2017 y 2018, algunos de ellos realizaron manifestaciones demandando una mejora en el trato a sus familiares y que los privados de libertad tuvieran acceso a la salud, ya que muchos padec\u00edan de tuberculosis y otras enfermedades. En la \u00faltima comunicaci\u00f3n a inicios de mayo, la vocera del INP insisti\u00f3, sobre el caso de El Pozo, que hasta el momento nadie ha presentado s\u00edntomas de gripe, tos o fiebre, que hagan suponer que se trata del coronavirus.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Foto. Entrada a c\u00e1rcel de mujeres y menores.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

*Honduras\nlleva m\u00e1s de dos meses de estado de sitio por la emergencia\nsanitaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Desde entonces hubo 300 nuevos ingresos a las c\u00e1rceles en este pa\u00eds. A eso se suman los 2.000 detenidos por violar el toque de queda que han sido recluidos durante 24 horas en postas policiales y centros temporales de detenci\u00f3n, sin las condiciones ni controles adecuados.

El viernes 15 de mayo, se anunci\u00f3 el primer caso de coronavirus en la c\u00e1rcel en T\u00e1mara, raz\u00f3n por la cual la Junta Interventora del INP anunci\u00f3 el cierre temporal del centro para evitar la propagaci\u00f3n del COVID-19. Mediante comunicado en medios de comunicaci\u00f3n, las autoridades penitenciarias reportaron que un preso con COVID-19 fue ingresado el 30 de abril al centro con medidas de cuarentena. Sin embargo, Conaprev, ha insistido en los \u00faltimos dos meses en que las medidas de aislamiento para los nuevos ingresos son in\u00fatiles en centros con hacinamiento y sin las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. La Penitenciar\u00eda Nacional es la prisi\u00f3n con mayor hacinamiento, con 7.000 personas recluidas, a las cuales ahora se suman 190 personas que fueron recluidas durante la cuarentena.

Antes de que este caso fuera conocido, la Asociaci\u00f3n de Familiares de Privados de Libertad public\u00f3 un comunicado expresando su preocupaci\u00f3n por la amenaza que representa la pandemia en los centros penales.
\u00abEn T\u00e1mara est\u00e1n sin agua, las personas que atienden son m\u00e9dicos generales, cuando van a consultas no hay medicamentos, ni siquiera acetaminof\u00e9n, no se pueden tomar las medidas de higiene. Adem\u00e1s, est\u00e1n proporcionando la cantidad de comida como si hubiera 6000 reos y son 7072. Y aunque se suspendieron las visitas, el riesgo est\u00e1 porque el personal que trabaja entra y sale de los centros penales y no sabemos qu\u00e9 tipo de control se est\u00e1 llevando con estas personas\u00bb, explica Delma Carolina Rub\u00ed, presidenta de la asociaci\u00f3n de familiares.

El 31 de marzo, siguiendo las recomendaciones del Subcomit\u00e9 Internacional para la Prevenci\u00f3n de la Tortura de las Naciones Unidas, el Conaprev present\u00f3 un recurso de habeas corpus humanitario para pedir la liberaci\u00f3n de 6243 personas vulnerables ante el coronavirus. La Sala de lo Constitucional no ha respondido, pero el organismo supo extraoficialmente que se ha declarado sin lugar. Seg\u00fan el Conaprev, para la investigaci\u00f3n de este recurso, el Poder Judicial nombr\u00f3 a jueces ejecutores y defensores p\u00fablicos, quienes en sus informes expusieron que las personas se encontraban en perfectas condiciones en las prisiones y que no ameritaban su egreso.
Hasta el cinco de mayo, el Poder Judicial hab\u00eda emitido resoluciones de preliberaci\u00f3n para 1087 personas, 593 que ya gozaban de ese beneficio, 212 con libertad condicional, 185 conmutaciones, 64 que ya hab\u00edan cumplido su pena, 32 menores con revisi\u00f3n de medida y una persona con enfermedad terminal. Si bien las \u00f3rdenes fueron dadas al INP, eso no significa que las personas fueron liberadas.
En general, la situaci\u00f3n de salud de la poblaci\u00f3n penitenciaria es otro foco de preocupaci\u00f3n. Durante una inspecci\u00f3n que realiz\u00f3 Conaprev a nivel nacional, se determin\u00f3 que 2424 presos tienen padecimientos o enfermedades cr\u00f3nicas y 756 son ancianos. Para estas personas, la privaci\u00f3n de libertad ya qued\u00f3 sin efecto y podr\u00edan ser liberadas para descongestionar los centros penales, sobre todo el de T\u00e1mara, explica Ayala. Conaprev solicit\u00f3 tambi\u00e9n que las personas que ya cumplan con los requisitos para gozar del beneficio de preliberaci\u00f3n o libertad condicional, que ya suman 797, sean evaluadas por consejos t\u00e9cnicos para dar tr\u00e1mite a esos beneficios. Tambi\u00e9n identificaron 696 personas condenadas a penas menores de cinco a\u00f1os, quienes podr\u00edan sustituir la prisi\u00f3n con trabajo comunitario o pago de multa, seg\u00fan el mismo organismo de defensa de derechos humanos.
La vocera del INP asegura que \u00ablas excarcelaciones no dependen del Instituto, es el Poder Judicial el que debe emitir una resoluci\u00f3n ya sea cambio de medidas, sobreseimientos o arrestos domiciliarios. El Poder Judicial hace una resoluci\u00f3n, la env\u00eda al centro penitencial y se libera la persona. El INP no puede liberar a nadie\u00bb.
La abogada Glenda Ayala, de Conaprev, explica que en su inspecci\u00f3n por los centros penales, los directores desconoc\u00edan la resoluci\u00f3n judicial: \u00abTodav\u00eda el mi\u00e9rcoles 29 de abril que estuve en Ilama, no se hab\u00edan ido los de preliberaci\u00f3n porque el director se hab\u00eda negado a cumplir esto. Pr\u00e1cticamente se le coaccion\u00f3 y se le dijo que si no lo hac\u00eda lo denunciar\u00edamos por violaci\u00f3n de los deberes de los funcionarios por desobedecer una orden judicial \u00bfcu\u00e1l ser\u00eda la actitud correcta de una comisi\u00f3n interventora? Si hay una orden de un juez, acatarla, si no lo hace no podemos avanzar\u00bb.
Mientras esa resoluci\u00f3n no fue acatada, el Poder Judicial ha trabajado durante la cuarentena, realizando audiencias a puerta cerrada o por videoconferencia para avanzar en el proceso de sentencia y preliberaci\u00f3n y reducir la mora judicial. Ha identificado a 1240 personas con prisiones preventivas vencidas, que superan los dos a\u00f1os y seis meses de estar recluidas y que no han ido a juicio o que ya fueron pero que no se ha dictado su sentencia. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los casos m\u00e1s destacados en ese sentido es el del ambientalista Jerem\u00edas Mart\u00ednez, judicializado por tentativa de usurpaci\u00f3n de espacios p\u00fablicos y da\u00f1os en perjuicio de Inversiones Los Pinares, una empresa instalada en un \u00e1rea protegida en el norte. Por ese conflicto, 31 defensores han sido procesados, 8 de ellos actualmente encarcelados. El caso de Mart\u00ednez constituye una pena anticipada por haber cumplido su tiempo de prisi\u00f3n preventiva sin sentencia. En las condiciones actuales, diversos organismos internacionales han pedido su liberaci\u00f3n. En los \u00faltimos 10 a\u00f1os, en Honduras se registraron 424 casos de acoso judicial contra defensores en medio de conflictos medioambientales.
Con la pandemia, el Comit\u00e9 de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras, una organizaci\u00f3n de sociedad civil que promueve y defiende los derechos humanos localmente, present\u00f3 un habeas corpus correctivo con la finalidad de lograr la excarcelaci\u00f3n de personas consideradas presos pol\u00edticos, entre ellas aquellas por conflictos ambientales, pero no hubo respuesta por parte de las instancias jurisdiccionales.
Juana Z\u00faniga, familiar de uno de los defensores recluidos y miembro de la resistencia a la minera, asegura que, aunque no se han dado cuenta de que alguno de sus compa\u00f1eros est\u00e9 enfermo en la c\u00e1rcel, est\u00e1n preocupados por lo que les pueda pasar. Despu\u00e9s de dos meses sin visitas es poco lo que saben de las condiciones en las que est\u00e1n. \u00abLa situaci\u00f3n es cada vez m\u00e1s dif\u00edcil: siete meses con los compa\u00f1eros presos, tenemos hijos peque\u00f1os y no tenemos una respuesta para saber c\u00f3mo va el caso. Ellos estaban acostumbrados a que cada domingo los visit\u00e1ramos, solo les queda ahora adaptarse a la comida que les proporcionan all\u00ed en la c\u00e1rcel. Solo hemos sabido que les visit\u00f3 un doctor y ha estado pendiente de ellos\u00bb, cuenta Z\u00faniga.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Foto. C\u00e1rcel en Honduras. Llena de presos.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

-El poder de los militares<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A pesar de estar demostrado que es err\u00f3neo medir la seguridad a trav\u00e9s del n\u00famero de personas encarceladas, se siguen llenando las prisiones de personas para demostrar el \u00e9xito de una pol\u00edtica de seguridad. Los gobiernos han sabido justificar sus pol\u00edticas de \u00abmano dura\u00bb y de encarcelaci\u00f3n masiva, aunque el sistema de justicia sea ineficaz. En plena pandemia, los arrestos han continuado.
La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), creada en 2013 dentro de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina), es una estructura con la que se le dio potestad a las Fuerzas Armadas para combatir el delito, investigarlo y juzgarlo, con jueces especiales dentro del recinto militar. Esta es una de las acciones m\u00e1s agresivas de militarizaci\u00f3n que el gobierno del nacionalista Juan Orlando Hern\u00e1ndez impuls\u00f3 al inicio de su primer mandato en 2013. Ellos son los responsables de que las c\u00e1rceles de m\u00e1xima seguridad est\u00e9n llenas. El jefe de la FNAMP es el teniente coronel Am\u00edlcar Hern\u00e1ndez, quien en comparecencia de prensa junto a Hern\u00e1ndez, detall\u00f3 las operaciones que han realizado durante la emergencia por coronavirus en el pa\u00eds, en las cuales uno de los resultados son las capturas. El alto oficial dijo que \u00abhubo 144 detenidos, de los cuales el 100 % son personas que han quedado presas porque han sido judicializados de manera correcta cada una\u00bb.

Las consecuencias de la militarizaci\u00f3n, adem\u00e1s del incumplimiento de las resoluciones judiciales, pueden verse en que la Junta Interventora del INP no ha presentado informes mensuales sobre el proceso de reestructuraci\u00f3n del sistema penitenciario. Esta \u00e9poca de pandemia y el caso espec\u00edfico de las c\u00e1rceles muestran a la sociedad que no hay nada encima del poder\u00edo militar.
Ayala tiene cuatro a\u00f1os en la direcci\u00f3n del Conaprev que, desde su creaci\u00f3n en 2008, ha visto cuesta arriba la defensa de los derechos de los privados de libertad y la lucha por la no militarizaci\u00f3n del sistema penitenciario. \u00abHoy recib\u00ed un audio de una doctora de medicina forense donde dice que fue al centro penal a evaluar a la persona para emitir el dictamen, pero resulta que la doctora del centro no le dio acceso a la informaci\u00f3n que hay en el expediente cl\u00ednico del centro. Para cumplir esto necesitamos una voluntad desde arriba. No hay voluntad ni de cumplir la resoluci\u00f3n judicial. Las Fuerzas Armadas son un organismo jerarquizado. Al ser \u00e9l (el director de la junta interventora) notificado sobre esto, inmediatamente deb\u00eda enviar una circular a toda su gente para cumplirlo, pero no lo hizo. Desde all\u00ed partimos de la voluntad que denota para cumplir la ley y los reglamentos en el \u00e1mbito penitenciario\u00bb, explica Ayala.
Las Fuerzas Armadas, tras la transici\u00f3n de la \u00e9poca de golpes de Estado militares en la d\u00e9cada de los 80, volvieron a sus cuarteles. Durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, en 1994, se aboli\u00f3 el servicio militar obligatorio pero fue en 2002 cuando salieron de nuevo a las calles.
Las pol\u00edticas de \u00abmano dura\u00bb han marcado la agenda de los gobiernos del Partido Nacional, el mismo que ahora est\u00e1 en el poder. En 2003, el presidente Ricardo Maduro aprob\u00f3 una reforma al C\u00f3digo Penal que aumentaba las penas por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita, adem\u00e1s que inclu\u00eda descripciones de los miembros de maras y pandillas. La portaci\u00f3n de tatuajes era una de ellas. A esto se le llam\u00f3 Ley Antimaras y fue en esa \u00e9poca en la que los militares comenzaron a hacer labores policiales en el cuidado de los buses de transporte p\u00fablico. En 2010, el gobernante era Porfirio Lobo Sosa quien lleg\u00f3 al poder con una campa\u00f1a que se titulaba \u00abPu\u00f1o firme\u00bb, por estar dirigida a tener \u00abcero tolerancia\u00bb a delitos como el de asociaci\u00f3n il\u00edcita. En 2013 Hern\u00e1ndez asumi\u00f3 la presidencia del pa\u00eds y entreg\u00f3 la seguridad p\u00fablica al Ej\u00e9rcito.

A lo largo de su mandato, el actual mandatario ha impulsado un creciente involucramiento de los militares en su proyecto pol\u00edtico, lo que contribuy\u00f3 a su reelecci\u00f3n en 2017, a pesar de existir una prohibici\u00f3n constitucional. \u00c9l mismo estudi\u00f3 en el Liceo Militar, y sus hermanos, legal o ilegalmente, han estado vinculados a las fuerzas armadas. Su hermano Jos\u00e9 Am\u00edlcar Hern\u00e1ndez, actual asesor de seguridad, es un coronel retirado que particip\u00f3 activamente en el golpe de Estado que derrib\u00f3 a Manuel Zelaya en 2009. Su otro hermano, \u00abTony\u00bb Hern\u00e1ndez, fue sentenciado por una corte en Nueva York por traficar drogas a los EE. UU., usando, entre otras entidades p\u00fablicas, a la instituci\u00f3n militar. Hern\u00e1ndez intent\u00f3, en su primer mandato, elevar la Polic\u00eda Militar del Orden P\u00fablico a rango constitucional, violando los art\u00edculos constitucionales que hablan sobre las funciones de las Fuerzas Armadas, entre las cuales no est\u00e1 incluida la de polic\u00eda. La reforma no pas\u00f3, pero la Polic\u00eda Militar y otras fuerzas especiales militarizadas tienen el control de la seguridad p\u00fablica y de algunas \u00e1reas del sistema de justicia como las prisiones.
\u00abEl que le demos potestades al Ej\u00e9rcito para que detenga, investigue y cuide, eso es definitivamente catastr\u00f3fico y contrario a la convenci\u00f3n contra la tortura y protocolos facultativos. Una de las cuestiones que hemos visto con preocupaci\u00f3n es el tema de la criminalizaci\u00f3n inclusive como instituci\u00f3n defensora de derechos humanos porque el personal que est\u00e1 dirigiendo lo mira a uno como el enemigo (…) En las \u00faltimas intervenciones que he tenido con el se\u00f1or responsable de la Fuerza Antimaras y Pandillas le digo: pr\u00e1cticamente usted me est\u00e1 diciendo que soy parte de la organizaci\u00f3n delictiva por preguntar qu\u00e9 trato le est\u00e1 dando al detenido\u00bb, explica Ayala, directora del Conaprev.

Los abusos de derechos humanos est\u00e1n entre los principales cuestionamientos. \u00ab\u00bfHay tortura en Honduras? S\u00ed hay. Legitimamos a fuerzas militares como la Fuerza Antimaras y Pandillas a que se lleven a los detenidos a oficinas clandestinas que no son postas, no tienen ni r\u00f3tulos y que all\u00ed se llevan a las personas para interrogar y despu\u00e9s se presentan ante un juez. La detenci\u00f3n se vuelve arbitraria cuando una persona es conducida o llevada a un lugar no autorizado en la ley. Pero \u00bfqu\u00e9 dice el comisionado por los derechos humanos o la Fiscal\u00eda de derechos humanos? brillan por su ausencia\u00bb, concluy\u00f3 la defensora.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Concentraci\u00f3n por los presos pol\u00edticos, ante el Ministerio P\u00fablico.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

-Tragedias y pol\u00edticas de seguridad<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La tragedia carcelaria m\u00e1s grande de Am\u00e9rica Latina ocurri\u00f3 en Honduras. En 2012, un incendio en la granja penal de Comayagua cobr\u00f3 la vida de 361 privados de libertad y una mujer que estaba en visita conyugal. Pero esta no fue la primera vez que una c\u00e1rcel se quem\u00f3 y cobr\u00f3 cientos de vidas. En 2003 y 2004 ocurrieron incendios en c\u00e1rceles del norte de Honduras. En La Ceiba murieron 68 y en el centro penal de San Pedro Sula 107 privados de libertad. Por este \u00faltimo caso, Honduras fue condenado en la CIDH en abril de 2012 en la sentencia del caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Otros motines en ese mismo per\u00edodo dejaron m\u00e1s muertos. El 29 de marzo de 2012 fue decapitado en un mot\u00edn el jefe de presos Mario Henr\u00edquez. Don Mario y los doce presos de su c\u00edrculo m\u00e1s cercano fueron asesinados. Fue un cambio de liderazgo que termin\u00f3 de manera violenta. Luego, un grupo de 18 expandilleros que estuvo en ese mot\u00edn fue trasladado a T\u00e1mara, donde fueron asesinados. Don Mario representaba el poder que ten\u00edan los presos en los centros penales. En 2017, la c\u00e1rcel de San Pedro Sula fue cerrada. Seg\u00fan el presidente Hern\u00e1ndez, entre 2016 y 2017 cada vez que se trasladaron reos de alta peligrosidad a c\u00e1rceles de m\u00e1xima seguridad, los \u00edndices de muertes diarias se redujeron hasta en cinco puntos.
El abogado Carlos Paz, de la organizaci\u00f3n C\u00e1ritas Honduras ?una de las partes demandantes en el caso Pacheco Teruel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)?, asegura que no hubo un cambio sustancial en las hist\u00f3ricas violaciones a los derechos humanos en los penitenciarios desde el incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula. Seg\u00fan el jurista, hay 8761 reos por encima de la m\u00e1xima capacidad de los penales. \u00abAlgunos establecimientos como los de Puerto Cort\u00e9s o T\u00e1mara, el hacinamiento supera el 200 por ciento. Esto nos da una idea de lo que puede significar si el COVID-19 llega a uno de los centros penitenciarios. El 9 de abril, la propia Corte IDH emiti\u00f3 una declaraci\u00f3n en la cual urge a los Estados a manejar esta crisis desde la \u00f3ptica de los derechos humanos. Desgraciadamente, en nuestro pa\u00eds, la \u00f3ptica desde donde se acent\u00faan las acciones es desde la corrupci\u00f3n e impunidad\u00bb, explica Paz. C\u00e1ritas de Honduras, el Equipo de Reflexi\u00f3n, Investigaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n (ERIC) y la Pastoral Penitenciaria demandaron al Estado por las violaciones de derechos humanos en el incendio de la c\u00e1rcel de San Pedro Sula. La sentencia de abril de 2012 establece medidas de reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas. En su Informe de Fondo, la Corte IDH se\u00f1al\u00f3 como presuntas v\u00edctimas a 107 reclusos, 22 de los cuales estar\u00edan detenidos preventivamente con base \u00fanicamente en el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita. Se identific\u00f3 como v\u00edctimas por su propio derecho a 83 familiares de 18 reclusos fallecidos.

La garant\u00eda de no repetici\u00f3n es una de las partes esenciales del fallo, as\u00ed como el compromiso del Estado de tomar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los reclusos. Antes de que la pandemia paralizara el pa\u00eds, varias organizaciones de sociedad civil iban a reunirse para solicitar una audiencia, en vista de la falta de cumplimiento de Honduras. La Corte IDH comenz\u00f3 el procedimiento interno pidiendo la anuencia del Estado, pero luego vino la emergencia. Seg\u00fan Paz, tampoco se ha cumplido el compromiso ante el Comit\u00e9 contra la Tortura de que un proceso de desmilitarizaci\u00f3n se iniciar\u00eda en 2016, tanto del sistema penitenciario como la sociedad en general.
El a\u00f1o pasado, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visit\u00f3 cinco instalaciones penitenciarias y advirti\u00f3 en un informe que \u00abel hacinamiento, la falta de higiene e inadecuada ventilaci\u00f3n, constituyen una seria amenaza para la salud de las personas detenidas. Lo anterior, debido al incremento del riesgo de contagio de enfermedades de tipo infeccioso, tales como la tuberculosis\u00bb.
Ahora en plena emergencia, algunas mujeres recluidas en la Penitenciar\u00eda Nacional Femenil de Adaptaci\u00f3n Social (PNFAS) lograron enviarnos mensajes pidiendo ayuda en que contaban sobre la escasez de agua y el trato a sus compa\u00f1eras enfermas con diabetes y tuberculosis, adem\u00e1s de las carencias tras la cancelaci\u00f3n de visitas. \u00abAntes nosotras sobrevivimos porque ven\u00edan nuestros familiares. Ahora no vienen a dejarnos nada porque est\u00e1 con esa cosa de que no pueden salir a ning\u00fan lado, viven largo. No hay medicamentos, no hay papel higi\u00e9nico, sobrevivimos porque nos ayudamos unas a otras. Aqu\u00ed hay un mont\u00f3n de enfermas, diab\u00e9ticas, hipertensas, gente que padece del pecho, tuberculosis. El agua nos la tiran solo una hora al d\u00eda, a veces nos ba\u00f1amos con eso. Aqu\u00ed no ha venido nadie de la secretar\u00eda de salud, es la misma doctora y la misma enfermera de aqu\u00ed, pero sigue sin haber medicina\u00bb, dicen los mensajes. Para Paz, en Honduras ya hubo intentos de amotinamientos durante este tiempo de pandemia y la respuesta ha sido represi\u00f3n. El abogado estima que si el COVID-19 llega a las c\u00e1rceles, \u00abser\u00eda catastr\u00f3fico\u00bb.

El INP rechaza los cuestionamientos. La versi\u00f3n oficial es que en Ilama hay diez m\u00e9dicos asignados que han estado trabajando por turnos durante la emergencia y que ahora, por esta situaci\u00f3n, est\u00e1n permanentes.
\u00abEn todos los centros penitenciarios hay personal m\u00e9dico para cubrir las 24 horas del d\u00eda. Tambi\u00e9n se ha contratado personal de enfermer\u00eda. Es falso que no hay agua en T\u00e1mara, en PNFAS hay agua potable todos los d\u00edas. Si no hubiera, esas mujeres no tendr\u00edan llenos los tendederos de ropa. Los privados de libertad est\u00e1n conscientes de que las medidas que se han implementado son para su bien y el de sus familiares\u00bb, expres\u00f3 la vocera del sistema carcelario.
Tocar la puerta del INP para hablar con el director de la junta interventora, puede llegar a ser humillante. Aunque ten\u00edan mascarillas, pude notar la risa de los polic\u00edas en la entrada del Instituto Penitenciario cuando ped\u00ed ver al jefe militar despu\u00e9s de haber intentado programar una entrevista por medio de la vocera . \u00abEl coronel no tiene tiempo\u00bb, me dijo un oficial. Me prometieron que la vocera responder\u00eda a mis preguntas sobre el funcionamiento de la junta interventora y el manejo del Sistema Penitenciario. Eso no pas\u00f3.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

–https:\/\/www.nicaraguainvestiga.com\/prisiones-de-honduras-el-reino-de-precariedad-violencia-y-militarismo-al-que-llego-la-pandemia\/<\/a>\n<\/strong>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Prisiones de Honduras: El reino de precariedad, violencia y militarismo al que lleg\u00f3 la pandemia *A trav\u00e9s de un cuestionario se realiz\u00f3 una evaluaci\u00f3n m\u00e9dica a 70 personas privadas de …<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":46876,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[110],"tags":[131,206],"class_list":["post-46875","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","tag-difusion","tag-honduras"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46875"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46875\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46881,"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46875\/revisions\/46881"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/46876"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.presos.org.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}