El
autor analiza los procesos judiciales contra militantes antifascistas
en las peculiares «democracias» de los estados
español y frances de este inicio de siglo.
«Estamos ante unos juicios-farsa contra un partido politico y
un movimiento de resistencia al que se le ha negado el derecho a la
defensa juridica, hasta el punto de expulsarles de la sala a golpes
cada vez que intentaban expresarse o replicar», sostiene.
Una operación
dirigida por Garzón y la Guardia Civil, con el apoyo de las
autoridades judiciales colaboracionistas francesas (entre las que
destaca el instructor lepenista Bruguiére) e italianas, que
siguieron a pies juntillas los dictados e informes falsificados que se
les enviaban desde el Ministerio de Interior español,
llevó a 26 militantes de la AFAPP, SRI, PCE(r) y GRAPO a la
cárcel en 2002. Tres años y medio de
incomunicación, aislamiento e indefensión para
los encausados, que culminan con dos macro-juicios farsa: uno,
celebrado del 16 de noviembre al 2 de diciembre en el Tribunal de
Grande Instance de París, y el segundo, en la Audiencia
Nacional de Madrid, que empezó el pasado 15 de diciembre y
finalizará el próximo 20 de enero.
Las condenas, ya dictadas
de antemano, superan los 60 años para los 9 presos juzgados
en Francia por «asociación de
malhechores». Y superan los 160 las que pide la
Fiscalía a los 13 militantes que están siendo
juzgados estos días en la Audiencia Nacional. El objetivo de
los juicios no es otro que la culminación de un largo
proceso de criminalización contra el Partido Comunista de
España (reconstituido) PCE(r) y su
asimilación a los GRAPO, cuando el PCE(r) ha sido y es desde
su fundación un partido político obrero y
comunista y su única actividad es, justamente, la
política. Un partido que en sus 37 años de
historia ha tenido que sufrir las consecuencias de la guerra sucia de
la «democracia» española: miles de
años de cárcel, torturas, asesinatos a sangre
fría (Eizagirre, Cario, José
España...), huelgas de hambre contra el exterminio y las
dispersiones, etcétera. Lo que se pretende con semejantes
parodias de juicio y ejemplares condenas es impedir que el PCE(r) pueda
proseguir su tarea política entre los trabajadores e
impedir, también, que se prosiga la tarea solidaria con los
represaliados.
Intoxicacion.
A las detenciones del
2002 siguió una persistente campaña de
intoxicación, presentando esta operación
represiva en Francia, España e Italia como una
«desarticulación de los GRAPO». Estas
detenciones se realizaron para justificar la posterior
ilegalización del PCE(r) y de su
«entorno», criminalizando a organizaciones
solidarias con los presos políticos como las AFAPP y el SRI.
A todas ellas y a sus militantes se les continúa aplicando
la guerra sucia: detenciones, seguimientos, amenazas... prohibiendo y
declarando «subversivas» sus publicaciones
“A la Calle”, “Solidaridad”,
“Resistencia” y “Antorcha”. Se
anunció que «todo es GRAPO». Una
canción que ya es habitual: «todo es
GRAPO» como «todo es ETA en el 18/98» o
«todo es terrorismo islámico» en el
comando Dixán.
En tres años
de instrucción, Garzón y la Guardia Civil han
construido testimonios y nuevas pruebas falsas con las que tergiversar
el contenido de documentos y crear vínculos
orgánicos inexistentes con otras organizaciones
antifascistas, inventando la «banda PCE(r)-GRAPO».
En todos los años de historia del PCE(r), ningún
tribunal se había atrevido a tanto. Como expresó
Fernando Hierro Chomón, veterano luchador antifascista, ante
el Tribunal vichysta, «los
torturadores mienten cuando hablan de dos ramas de una misma
organización, pues hasta un Tribunal español ha
dictado sentencia [en alusión a la sentencia
contra Segi]
señalando que no se pueden asimilar las organizaciones
políticas a las organizaciones armadas». Hierro
habló, además, de la vuelta a los
orígenes fascistas del régimen.
Estamos ante unos
juicios-farsa contra un partido político y un movimiento de
resistencia al que se le ha negado el derecho a la defensa
jurídica, hasta el punto de expulsarles de la sala a golpes
como ha ocurrido en París cada vez que
intentaban expresarse o replicar. También se está
denunciando que una parte del sumario elaborado por Garzón
se ha desgajado y la mantienen guardada en secreto con el fin de
incriminar en el futuro a otras organizaciones y militantes
antifascistas bajo las mismas acusaciones de
«terrorismo». De hecho, a lo largo del sumario la
Guardia Civil señala a la Asociación Libre de
Abogados (ALA) de Madrid como «organismo
terrorista», y nombra a determinados abogados como
pertenecientes a un supuesto «frente de abogados de los
GRAPO», al igual que hace con familiares de presos
políticos, organizaciones solidarias como CNA,
librerías...
La
intoxicación teledirigida por el Ministerio del Interior
prosigue cuando desde las páginas de
“Abc”, poco antes de iniciarse el juicio de Madrid,
acusaba a determinados sectores del movimiento okupa, solidarios,
medios libertarios, independentistas gallegos y catalanes, o a la misma
kale borroka en Euskal Herria, como la «cantera de los nuevos
GRAPO». ¿Y las pruebas?
En el cénit de
los dislates, las fiscalías acusan con esta joya: «los GRAPO
están compuestos por unas decenas de activistas
armados» (...) para, sin inmutarse y a renglón
seguido, añadir: «englobados en la estructura
AFAPP-SRI-CNA-ALA-A La
Calle-Solidaridad-Resistencia-Antorcha-PCE(r)-GRAPO».
¡De un plumazo, cientos de personas acusadas de militancia
armada!
No
hay pruebas.
Pero la farsa se les
está viniendo abajo. Primero, por el trabajo incansable y
diario de todas esas organizaciones populares, cada una en su campo
genérico e independiente desde hace más de 37
años, como en el caso del PCE(r). Y segundo, porque en esos
24.000 folios en España y otros tantos en Francia, no han
conseguido ni una sola prueba que «demuestre»
tamaña barbaridad sin tener que recurrir a la
falsificación («pruebas» ¡en
fotocopias!, manipulación de ADN, desgajo del sumario, una
de las militantes juzgada en París y Madrid ¡al
mismo tiempo!, reconocimiento del propio Presidente de los jueces de
que «existe una cierta corriente favorable a la
disolución de la Audiencia Nacional», el juez
reconociendo «que PCE(r) y GRAPO son dos organizaciones
distintas» en la sesión del 15 diciembre, la
tortura a los detenidos o el trabajo sucio de las policías
políticas de Italia, Francia y España.